BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

La apertura de un conflicto judicial entre las corporaciones locales y el Ejecutivo canario ha comenzado a aflojar aunque la solución no es sencilla. Mañana jueves se reunirán los cabildos y los ayuntamientos para coordinar una posición conjunta.

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad negocia, a marchas forzadas, una solución para distribuir los ingresos extras por la subida de los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF). Se trata del Impuesto General Indirecto (IGIC), el Arbitrio a la Importación y la Entrega de Mercancías (AIEM) y el Impuesto de Matriculaciones.

El documento del Gobierno sobre las estimaciones de la recaudación por este alza revela que por el IGIC se obtendrán unos 236 millones, de los que 130 millones corresponden a las corporaciones locales, de acuerdo con la ley de 2003 de las Haciendas Territoriales. Una norma que establece que el 58% de la recaudación va a parar a cabildos y ayuntamientos y el 42% al Ejecutivo. La caja estimada por el resto de los tributos del REF para las administraciones locales es de 109 millones.

Confirmación del diálogo

El presidente de la federación de cabildos (Fecai), Mario Cabrera, y el consejero de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez, confirmaron la existencia de negociaciones desde que, el pasado viernes, el Gobierno les anunciara su intención de quedarse con estos ingresos extras.

Una retribución a la que estas corporaciones no están dispuestas a “renunciar porque sería una temeridad”, según Pérez. El consejero tinerfeño recordó que todas las administraciones locales, y no solo el Gobierno, han hechos esfuerzos por recortar gastos. Con este argumento y con los de que las competencias transferidas acumulan un déficit importante, que los beneficios tributarios del REF pueden suponer el 48% de los presupuestos de algunos cabildos y que son copropietarios de los ingresos del REF, Pérez aseguró que sería una “irresponsabilidad” renunciar a estos ingresos. Apreció, no obstante, que el Gobierno ha pasado de una posición extremista a la “receptividad” a buscar salidas.

La solución consensuada hasta este momento pasa por no tocar los fondos del REF y plantear que la cantidad que se quede el Ejecutivo del IGIC se compute como un recargo. De esta forma no se modifica la distribución del 58% y el 42%. La compensación para los cabildos y ayuntamientos sería por el 5% de bajada de los salarios a los empleados públicos. Aunque la comunidad no tiene potestad normativa en esta materia, abrirían la puerta a que las corporaciones locales aumenten la financiación.