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El Congreso aprueba la Ley de Estabilidad con menos apoyo que la reforma constitucional

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. | EP

AGENCIAS | Madrid

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, la abstención del PNV y el rechazo de los demás partidos de la oposición, con lo que la norma recibe menos apoyo (192 votos) que la reforma constitucional que dio lugar a esta normativa.

El PSOE finalmente ha votado en contra del Proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, lo que deja atrás el consenso con el que socialistas y populares pactaron el pasado verano la introducción en la Constitución de la obligación de vigilar el déficit público.

Hasta unos minutos antes de que el Pleno del Congreso votara las enmiendas al proyecto de ley, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han negociado con la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el diputado socialista Valeriano Gómez.

El principal escollo para la negociación ha sido el techo de déficit estructural para 2020, que el PSOE defendía que quedara en el 0,4 % del PIB frente al “déficit cero” que establece la norma.

Sáenz de Santamaría ha reprochado al PSOE su falta de responsabilidad y se ha mostrado sorprendida por que este partido no sea coherente en la oposición con lo que pensaba cuando estaba en el Gobierno.

Por su parte, la portavoz socialista ha señalado que ha sido imposible modificar el “mantra” del “déficit cero”, pese a que Montoro ha asegurado que han ofrecido a los socialistas eliminar la referencia expresa a esa cifra.

La vicepresidenta ha valorado sin embargo la “responsabilidad” de CiU, que ha apoyado la norma, y del PNV, que se ha abstenido, así como el respaldo de UPN y de UPyD.

A estos grupos les ha agradecido “su sentido de la responsabilidad y su compromiso con España en un momento en que hay que trabajar todos con esfuerzo en la búsqueda de acuerdos y consenso”, ha dicho.

CiU también ha ayudado al partido en el Gobierno a tumbar las cinco enmiendas a la totalidad de la reforma laboral en el Congreso por considerar que los planteamientos de quienes se oponen a hacer cambios en el mercado de trabajo “son de otra época”.

En este sentido, los nacionalistas catalanes consideran que no se puede vincular la protección al trabajador con una alta indemnización por despido, en referencia a las críticas de los grupos que creen que el abaratamiento del despido es una de las peores injusticias de la norma.

Quienes han pedido la retirada del proyecto de ley -grupos socialista, Izquierda Plural (IU-Cha-ICV) y UPyD y los partidos ERC y BNG- han basado su oposición a la norma en que recorta los derechos de los trabajadores y no sirve para crear empleo.

La diputada del PP Carmen Álvarez Arenas ha criticado la “demagogia”, “frivolidad y oportunismo” del PSOE por pedir que se cambie la reforma cuando ellos no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno.

El PSOE ha insistido en que la destrucción de empleo no tiene su origen en la ley laboral y ha subrayado que ni el abaratamiento del despido ni el desmantelamiento de la negociación colectiva creará empleo, algo que sólo podrá hacerse cambiando el modelo de crecimiento.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley entra ahora en el Congreso en la fase de enmiendas al articulado, aunque con la advertencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que no se cambiará la filosofía del texto.

La mayoría parlamentaria también le ha servido al PP para sacar adelante el decreto ley de medidas tributarias que reforma el impuesto de sociedades y establece una amnistía fiscal parcial para el dinero negro que sea declarado, que sólo tendrá que pagar entre el 8 y el 10 % por esas rentas.

La mayoría de los grupos de la Cámara Baja han rechazado un plan de regularización que consideran un agravio para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en que no se trata de una amnistía fiscal, sino de un “gravamen sobre activos ocultos”.

Se ahogará el crecimiento

El portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha asegurado que la Ley no dará confianza a unos mercados “insaciables” como, a su juicio, demuestra la actual escalada de la prima de riesgo, y ha alertado de que “empeorará la actividad económica” de forma que “paradójicamente aumentará más el déficit”, como ha ocurrido en Portugal y Grecia.

La diputada de ERC Teresa Jordá ha criticado que la ley supone una traslación a las comunidades autónomas de “la disciplina franco-alemana” y un “manifiesto peligro de austeridad excesiva”. Además, ha lamentado que se establezcan límites estrictos de déficit a las comunidades cuando el Estado es quien más deuda acumula, más ingresos impositivos percibe y menos obligaciones de gasto tiene. “Juega en casa y con ventaja”, ha añadido.

También Rafael Larreina, de Amaiur, ha criticado que la ley parte de “una concepción de las autonomías como mera descentralización administrativa” y de “un error de diagnóstico de las causas de la crisis”. “Esta reforma neoliberal renuncia a la economía productiva a favor de la especulativa”, ha lamentado, defendiendo por contraposición la “estabilidad económica, fiscal, medioambiental y social.

No es el qué, es el cómo

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha protestado también contra la “intención del PP de silenciar al Grupo Mixto” pese a ser responsables del “41% de las enmiendas presentadas”, y ha justificado su voto contrario en su rechazo a “priorizar” el pago a los bancos por delante del mantenimiento del Estado de Bienestar.

Ésa es también la crítica de Francisco Jorquera, del BNG, que ha recordado que el déficit “con prudencia” es “necesario para asegurar el crecimiento económico” pero que dar “prioridad absoluta al pago de la deuda antes que al empleo” denota una “política sometida a la paranoia y chantaje continuo de los poderes financieros que han originado la crisis”.

“No discrepamos en el qué sino en el cómo, en la sacralización del déficit cero y en penalizar a todos independientemente de cómo se haya gestionado”, ha coincidido Uxúe Barkos, de Geroa Bai.

El diputado de CC-NC Pedro Quevedo ha considerado que los criterios de estabilidad presupuestaria son “positivos y razonables”, pero ha alertado de que pueden frenar la recuperación económica. Asimismo, ha recordado que Alemania y Francia tienen niveles de deuda pública inferiores a los de España (68%) sin que en estos países “se capte el drama” que, a su juicio, se vive en España.

El texto aprobado será remitido al Senado, que previsiblemente aprobará la ley en los mismos términos, por lo que podrá entrar en vigor ya a principios de mayo.