EFE | Las Palmas

El Gobierno de Canarias se resistirá a aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación que no sean de obligado cumplimiento y baraja un recurso de inconstitucionalidad si el Real Decreto que prevé aprobar el Consejo Ministros invade competencias autonómicas.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, en una rueda de prensa en la que ha apuntado que si se aplicaran las medidas “impuestas”, que, entre otros cambios, implican un aumento de las horas lectivas y del número de alumnos por aula, supondría el despido en las islas de más de 3.000 profesores públicos.

Pérez ha señalado que se está produciendo una reforma del estado autonómico a partir de los cambios presupuestarios y ha apuntado que tiene serias dudas de que el Ministerio tenga “las competencias que pretende usurpar”, por lo que ha insistido en que estudiarán la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Para el vicepresidente del Gobierno canario, las nuevas medidas del Ejecutivo central “suponen un auténtico expolio del sistema público educativo en cuanto a derechos, prestaciones, recursos y servicios básicos logrados”, y “un serio retroceso para Canarias”, si bien ha dicho que habrá que esperar a conocer el contenido del Real Decreto, que se aprobará el próximo viernes.

Ha subrayado que los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Canarias durante el curso 2010-2011 han supuesto que el gasto en profesorado sea menor en 134 millones de euros que la media estatal, pues la Comunidad está “a la cola” en cuanto al número de docentes por cada 270.000 alumnos, según datos del propio Ministerio.

La relación de profesores por cada 270.000 alumnos en Canarias es de 22.075, lo que supone disponer de 3.355 menos que la media del Estado, ha indicado Pérez, quien ha insistido en el carácter “lesivo” de las modificaciones “impuestas” por el Ministerio sin una negociación previa y, que, a su juicio, van en contra de la calidad educativa.

De las medidas adoptadas, el consejero ha explicado que el aumento de hasta un 20 por ciento en el número de alumnos por aula supone, en el caso de Educación Primaria, pasar de 20 a 25 estudiantes; en el de Secundaria, de 25 a 36, y en Bachillerato se podría llegar hasta 42.

Pérez también ha criticado el incremento de horas lectivas del profesorado y el nuevo sistema de sustitución de las bajas laborales, que, de haberse aplicado al inicio de curso, se hubiera dejado de sustituir a 500 docentes en las islas, ha dicho.

Sobre la recomendación de retrasar los módulos de Formación Profesional de 2.000 horas hasta el curso 2014-2015, ha indicado que en Canarias comenzaron a implantarse en el curso 2009-2010 y, por lo tanto, no están dispuestos a “cargárselos” y continuarán, al igual que la oferta de modalidades de Bachillerato.

El consejero ha defendido la necesidad de un pacto por la educación, tanto en el conjunto del país como en Canarias, para lograr objetivos “pactados por todos” y ha cuestionado que el Gobierno central consiga la reducción de los 3.000 millones de euros que se propone en el área de Enseñanza.

Las medidas, a juicio de Pérez, están más encaminadas a implantar el modelo de educación que defiende el PP, en la línea de que “la pague quien pueda” porque “la equidad les molesta”.