DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Ejecutivo de Canarias anunció ayer un “acuerdo inminente” con las corporaciones locales sobre la regulación de la subida impositiva y su efecto en las arcas tanto de la Comunidad Autónoma como de los 88 ayuntamientos y de los 7 cabildos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Martín Marrero, fundamentó ese convencimiento en las “vías de diálogo abiertas en el plano técnico”. Las “buenas sensaciones” que se desprenden de reuniones como la que hubo ayer “permiten pensar que será posible el consenso”.

Martín explicó que la fecha para la concreción de ese entendimiento “depende de la voluntad de terceros”. No obstante, precisó, “tendrá que ser a corto plazo para que se formalice la tramitación” de esta reforma legislativa. La intención del Gobierno de Paulino Rivero es que la modificación tributaria, incluida la del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), entre en vigor como máximo en el segundo semestre del año, a partir de julio.

En lo que respecta a la resistencia de los ayuntamientos y de los cabildos a una rebaja del 5% anual del salario de su personal, el Ejecutivo regional transmitió su “absoluto respeto” a la autonomía local, consciente de que su ámbito competencial impide que exista una “imposición” en este sentido. “No cabe hablar de desobediencia porque no hay obligación”, respondió Martín Marrero. “Las corporaciones locales son autónomas a la hora de tomar múltiples decisiones; entre ellas, las remuneraciones a su personal. Desde un principio se ha dejado claro que las medidas aprobadas [el sábado pasado] tienen que ver con la Administración autonómica”. Por lo tanto, resaltó, “los cabildos y los ayuntamientos adoptarán las decisiones que consideren oportunas y el Gobierno las respetará”.

La confrontación institucional a cuenta del ajuste del déficit presupuestario amenaza con dinamitar la estabilidad del pacto de gobierno entre CC y el PSOE. De hecho, ya han surgido voces que dudan de la eficacia de los recortes a los empleados públicos y sugieren que se haga algún “gesto” para que los trabajadores acepten el “sacrificio” sin sentirse agraviados. Como uno de esos guiños, se habla de una reducción del 2% en vez del 5%, con lo que solo se tocarían los complementos de la paga extra de diciembre. También se ha planteado sacar a concurso (privatización) la televisión autonómica. La policía quedaría a salvo; al menos, en una primera fase.

Lo que se da por hecho es que la racionalización administrativa será especialmente visible en el sector de las empresas públicas y de las fundaciones, con consecuencias drásticas desde el punto de vista laboral y de gestión.

En este escenario, la Consejería de Economía y Hacienda emitió un comunicado para informar de que el coste global (retribuciones, antigüedad y seguridad social) de los gerentes de las sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma ha disminuido este año en 120.255 euros, un 12,7% en relación al año precedente.