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El Gobierno de Canarias estudia medidas legales contra los PGE por incumplir REF y convenios plurianuales

EUROPA PRESS | Santa Cruz

El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha decidido este miércoles encargar a sus servicios jurídicos que estudien posibles acciones legales contra los Presupuestos Generales del Estado por el incumplimiento de los convenios plurianuales y el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Tras unas siete horas de reunión, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha comparecido en rueda de prensa para alertar del incumplimiento “flagrante” del artículo 95 del REF, que prevé que la inversión en Canarias debe equipararse a la media nacional. “No solo no se cumple la ley estatal sino que se circula en dirección prohibida”, ha dicho.

Además, ha indicado que los recortes del PGE afectan principalmente a carreteras, aguas, infraestructuras turísticas y políticas activas de empleo, y en muchos casos “con obras ya contratadas”. Marrero ha cifrado el recorte general para Canarias en unos 800 millones de euros.

En esa línea, ha insistido en que “aumenta la brecha” en la inversión per cápita porque se pasa de 326 euros en 2011 a 181, cuando la media estatal es de 272 euros.

Marrero ha apuntado que los recortes más significativos obedecen al área de Carreteras, con una pérdida de 131 millones, por lo que el consejero delegado, Domingo Berriel, ya ha solicitado una reunión “urgente” con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Asimismo, se pierden 44 millones en convenios sobre Aguas y desaparecen los de infraestructuras turísticas.

Solo en inversiones, la caída es de 363 millones, la mitad que el año anterior, especialmente en las transferidas a la Comunidad Autónoma, cuyo recorte es del 75 por ciento (290 millones).

El portavoz del Ejecutivo canario ha hecho hincapié también en el recorte “temerario” de las políticas activas de empleo, con una reducción estimada del 35 por ciento (113 millones), y en la desaparición de las ayudas del Posei para el sector agrícola.

En cuanto a la financiación autonómica, Marrero ha vuelto a incidir en que Canarias queda como la Comunidad Autónoma peor financiada con una merma de 600 millones, aparte de que para este ejercicio, será de 322 millones, con un impacto directo sobre los servicios públicos esenciales de 454 millones. “Esto es un sablazo, pero el Gobierno de Canarias no va a renunciar a que sigan siendo prioritarios”, ha explicado.


Comunicación al Parlamento

El Gobierno de Canarias también va a remitir una comunicación al Parlamento de Canarias con el fin de que la Cámara regional fije su posición sobre los PGE y su afección al archipiélago.

En el documento se va a exigir el mantenimiento de la financiación de los convenios plurianuales y las subvenciones al transporte; el “estricto cumplimiento” del REF; la corrección del actual sistema de financiación autonómica y la eliminación de la compensación al Estado de 213 millones por la extinción del antiguo ITE (Impuesto de Tráfico de Empresas).