DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, amenazó este lunes con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos generales del Estado si no se corrige la distribución territorial de la financiación para formación y empleo.
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera concretó así una de las “acciones jurídicas” anunciadas por el Ejecutivo de Paulino Rivero con el objetivo de combatir, lo que CC y el PSOE consideran, una “agresión” a Canarias.
En respuesta a la solicitud del grupo socialista al que pertenece, sobre los convenios firmados con la Administración general en su ámbito de actuación, Ramos dio cuenta de su pretensión de reunirse con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un último intento de reconducir la situación. “Lo menos que queremos, en estos momentos tan delicados, es la confrontación”, enfatizó la responsable canaria.
De “intolerable” calificó la consejera el hecho de que se recorten en idéntico porcentaje los fondos que se asignan a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de actuaciones de fomento del empleo y la formación, sin tener en cuenta su número de desempleados, la tasa de desempleo o su evolución en los últimos meses. En su opinión, “resulta injustificable que se de el mismo tratamiento en la dotación de recursos a las que registran una tasa de paro del 16%, como Navarra, que a Canarias, donde se alcanza el 32%”. Desde el punto de vista del Gobierno regional, se ha quebrantado el principio de igualdad. “No se puede considerar de igual modo a los que son desiguales”, argumentó Ramos. “Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y a los precedentes nos remitimos”. Se refería a los casos de Andalucía y Extremadura en relación al régimen agrario especial de la época de Felipe González. “Tratar de modo desigual a los desiguales, eso es lo que pedimos”, apostilló. El Archipiélago urge, insistió, “elementos de compensación en su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, un estatus que reconoce sus particulares dificultades derivadas de la lejanía y de la fragmentación”.
La representante del Ejecutivo canario recordó que, en el área de empleo, se prevé un recorte generalizado del 56,92% en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas para el ejercicio de 2012. “Esta reducción tiene una enorme incidencia en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo”, denunció. “La asignación estatal a las Islas pasa de 176.465.744 euros, en 2011, a solo 76.018.442 euros este año. Esto supone un descenso de 100 millones de euros para atender a un mayor volumen de personas desempleadas que las que había el año pasado”.
Intercambio de reproches
En el debate, la diputada del PP Aurora del Rosario puso en duda los datos manejados por la coalición oficialista contra las políticas de Mariano Rajoy. “La consejera se enreda en compararnos con otras comunidades”, alegó. “De los 30.000 millones destinados a los parados, la mayor cantidad es la que viene a Canarias”, aseguró. “Debemos entender que no hay dinero y actuar en consecuencia”, profirió.
Después de que Del Rosario afeara la conducta de quienes “lloran por la leche derramada”, Ramos confesó, visiblemente afectada, que en privado sí le han entrado ganas de derramar algunas lágrimas “por lo que están pasando numerosas familias”.
Cuando un Gobierno sucede a otro, resaltó Aurora del Rosario, “no acepta la herencia a beneficio de inventario, sino con todas sus cargas”.
Por parte del PSOE, Dolores Padrón preguntó al Partido Popular “¿por qué Rajoy no ha recibido a Rivero?” y concluyó su alocución con una sentencia: “No podemos ser arrollados por la apisonadora”.
Carmen Rosa Hernández, del grupo mixto, arguyó que el supuesto maltrato no comenzó con la llegada de Rajoy y llamó a “trabajar con nuestros recursos”.