EFE | Santa Cruz
El Gobierno de Canarias insistió hoy en el pleno del Parlamento regional en que es ilegal la autorización para que Repsol haga prospecciones petrolíferas cerca de las costas del archipiélago, algo que para el PP sólo tiene beneficios y ningún perjuicio.
Estos planteamientos fueron expresados por la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, quien contó con el apoyo de los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto, y por el presidente del grupo Popular, Manuel Fernández, quien acusó al Gobierno regional de no presentar alegaciones técnicas.
Con motivo de la comparecencia de la consejera, a petición del grupo Popular, para hablar de las alegaciones que el Gobierno canario puso en el trámite de audiencia a las autorizaciones petrolíferas en la Zona Económica Exclusiva española a 61 kilómetros de las costas canarias, Margarita Ramos recordó que el Ejecutivo regional presentó cinco alegaciones.
El Gobierno canario, señaló la consejera, ha manifestado desde el principio su rechazo frontal a las prospecciones y agregó que, entre otras cuestiones, los permisos dados a Repsol para hacerlas han caducado y son ilegales.
El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez criticó que el Gobierno español trate de imponer una decisión, algo que, consideró, sólo se atreve a hacer con Canarias.
El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, dijo que la situación sería otra si el ministro de Industria, José Manuel Soria, dedicase a las islas la décima parte del tiempo que destina a Repsol.
El presidente del grupo Popular, Manuel Fernández, insistió en que el beneficio es para Repsol, que de haber extracción de petróleo, pagaría el 35 por ciento de los beneficios en España y tendría que hacer labores de reparación en Canarias, donde se alojarían trabajadores.
Manuel Fernández dijo que esas labores también podría servir para que España tanga reservas de petróleo.
La consejera Margarita Ramos señaló que no ha habido tiempo para llegar a un consenso y conocer con detalle qué se autoriza y dónde, ni para informar a los ciudadanos, por lo que el Gobierno canario considera una “deslealtad institucional” la actuación del Ejecutivo español.
Reconoció que la actividad industrial del petróleo como creador de empleo, pero preguntó quién garantiza que será para los canarios y si el desarrollo industrial será traído de otros países, y reclamó el diálogo institucional al mas alto nivel