Durante los últimos veinte años, la acción política en esta región se ha centrado en lograr mayores y mejores exenciones para las empresas y más dinero estatal para infraestructuras, sin que nadie haya considerado necesario dar cuenta de si esas exenciones y esa financiación servían para mejorar la vida de los canarios en la misma medida que aumentaron el beneficio de las grandes empresas. Ahora se nos ha olvidado a todos, pero hace muy pocos años ésta era una región de jauja en la que el beneficio no pagaba impuestos y las administraciones gastaban a espuertas lo que tenían y lo que no tenían, sin que eso sirviera para reducir el desempleo estructural y para acotar la pobreza. Veinte años de inversiones multimillonarias mejoraron el aspecto exterior de las islas, con mejores carreteras, infraestructuras, polideportivos y centros culturales. Pero en sus tripas, aquí ni mejoraron las prestaciones sanitarias, ni la atención a los ancianos, ni la calidad de la educación, ni la lucha contra la drogadicción y la exclusión. Aquí se eligió un modelo que nos ponía más guapos por fuera, pero, por dentro, nuestra sociedad seguía podrida por el desempleo, la pobreza, la marginación y otros endemismos del subdesarrollo. Nadie discute -ni antes ni ahora- que se apoye a las empresas a aumentar su solvencia y su capitalización, pero el problema surge cuando la estrategia económica de una administración se vincula durante veinte años a la defensa de los intereses de quince o veinte grandes grupos económicos, olvidando que las finanzas que deben preocupar a los gobernantes son las de los ciudadanos y las familias.

El discurso ramplonamente victimista de esta Administración -que es el mismo desde que se produjo la incorporación de los nacionalistas al Gobierno- se estampa contra las realidades miserables de la pobreza, que no ha dejado de crecer, del desamparo de miles de ancianos, de unos salarios que durante los tiempos de las vacas gordas crecieron muy por debajo de lo que aumentaron los resultados y las reservas empresariales. Y hoy, a pesar de lo que nos ha llovido y nos lloverá con la crisis, seguimos en esa misma guerra: el Gobierno regional no se ocupa de las familias -trece cada día- que se quedan sin nada y en la calle porque no pueden pagar sus hipotecas, ni tampoco dice nada de una reforma cuyo único logro es abaratar los despidos. Aquí el único discurso que vale es seguir culpando a Madrid de que nos trata peor que a los demás españoles. Y eso también es mentira: Canarias está siendo muy maltratada por el Gobierno de Rajoy, cierto. Pero exactamente igual ocurre con el resto de las regiones, aunque algunas se quejen menos porque tienen gobiernos de la misma cuerda. ¿Pedir al Estado que nos atienda ahora? Lo que tendríamos que haber hecho es habernos atendido nosotros cuando eso era posible.