YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife
El pacto del Gobierno canario advirtió ayer en el Parlamento de que sin el convenio de infraestructuras turísticas crecerá el paro. El grupo popular instó a los empresarios a utilizar los 175 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los 128 millones del fondo para la modernización destinados al sector por el ministerio de José Manuel Soria.
El consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, Domingo Berriel, afirmó que de todos los convenios que el Gobierno de Mariano Rajoy ha “mutilado” en los presupuestos estatales, el de infraestructuras turísticas tiene una “trascendencia enorme”. Argumentó que eliminar los 50 millones previstos para este año supone cortar la “única posibilidad real” de Canarias para crear empleo y reactivar la economía. Berriel insistió en que el Ejecutivo central ha borrado de “un plumazo” un compromiso firmado para un sector que es el único capaz de activar la construcción sin consumir más suelo y generar empleo.
Desde las filas populares se afirmó, sin embargo, que el Ministerio de Turismo es “consciente” de la importancia de rehabilitar los destinos y que, por ello, ha anunciado una línea ICO de 175 millones para este objetivo, además de 128 millones para el fondo financiero para la modernización de las infraestructuras. Indicó que el Gobierno de Canarias y las administraciones locales deben dar un “auténtico impulso” a los planes de modernización e instó a utilizar estas iniciativas. En esta línea, el diputado del grupo mixto Fabián Martín pidió también a los emprendedores e instituciones que acudan a las líneas de financiación del fondo.
El consejero indicó que este fondo concede unos créditos que resultan poco competitivos para el sector por las condiciones que establece. Añadió que durante 2011 ninguna administración ni empresa de las Islas solicitó estos préstamos y prevé que tampoco lo hagan este año porque es “absolutamente ineficaz”. “Nadie va a solicitar esto porque incluso hay créditos mejores en los bancos”, insistió. Señaló por ello que hubiera sido “más útil y eficaz” que el Gobierno central hubiese cumplido con los 50 millones del convenio de infraestructuras turísticas que mantener este fondo de financiación. El diputado socialista José Ignacio Alvaro Lavandera apuntó que de estos 128 millones, solo 250.000 euros fueron consignados en los presupuestos de este año y que el resto son los remanentes no utilizados de este fondo en las cuentas de 2011.
Domingo Berriel apuntó que espera que la eliminación de los 50 millones del convenio haya sido “una casualidad, un desliz del cuchillo”, y que no se haya hecho para hacer daño a una política del Gobierno canario, “porque estarían equivocados, el daño se estaría haciendo a la sociedad”, apuntó.
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Dinamización
El consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González, sostuvo ayer que la capacidad del Gobierno para dinamizar la actividad de las Islas se encuentra limitada por la necesidad de hacer frente a los recortes en los presupuestos estatales y la recesión económica. Apuntó que, a pesar de estos “graves condicionantes”, el Ejecutivo canario ha planteado algunas medidas para potenciar la diversificación e internacionalización del tejido empresarial por un importe cercano a los 30 millones. González señaló que para atender a los problemas en el acceso al crédito, el Gobierno aprobará esta misma semana el proyecto Jeremie. Esta iniciativa está dotada con 23 millones y supone nuevos instrumentos financieros como microcréditos, préstamos participativos y otros mecanismos para reforzar las garantías financieras de las empresas.
El portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, sostuvo, por el contrario, que desde el sector público canario “no hay ninguna posibilidad” de promover estímulos a la economía. Apuntó que “da igual quien mande” porque la política “suicida” de la Unión Europea basada exclusivamente en planes de estabilidad “nos va a llevar a la depresión económica”. El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, pidió al Gobierno central “coraje y valentía” para decir no a las exigencias de Europa. Desde el PP insistieron en que aún hay margen para actuar en el ajuste de la administración pública.
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