EFE | Santa Cruz de Tenerife
El Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad prorrogar en siete meses, hasta el 13 de diciembre de este año, la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas, que vencía el 13 de mayo.
En el proyecto de ley remitido por el Gobierno de Canarias a la Cámara regional se precisa que esta modificación afecta a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, en las que sólo podrán otorgarse autorizaciones previas de las exigidas por la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para los establecimientos alojativos turísticos, siempre que sean solicitadas dentro del mismo periodo.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, dijo que con esta ampliación se pretende evitar que se produzca “una laguna legal”, que sería contraria a los objetivos del interés general, en tanto el Gobierno de Canarias presenta un proyecto de ley de renovación turística.
El Ejecutivo regional pretende presentar dicho proyecto a la Cámara lo antes posible, con vocación de permanencia y trabaja para conseguir el consenso en este ámbito, puesto que el turismo es el único sector que puede garantizar perspectivas de crecimiento en la economía canaria, dijo Berriel.
El diputado del grupo Popular Miguel Jorge afirmó que el Gobierno de Canarias “no se ha puesto las pilas” porque aún no ha remitido a la Cámara la citada ley y por eso, continuó, intenta ” por la puerta de atrás ampliar el plazo de excepciones a la moratoria turística”.
Román Rodríguez, diputado del grupo Mixto y expresidente regional, afirmó que sigue creyendo en la necesidad de limitar el crecimiento de la oferta turística y continúa defendiendo la vigencia de lo esencial de la moratoria, aunque pidió al Gobierno autonómico “que no le coja el toro de nuevo” porque le parece “poco” la ampliación en siete meses.
Ha habido un vacío en las funciones del Gobierno en este ámbito, aseguró Rodríguez, quien no obstante subrayó “frente a los agoreros” que el Ejecutivo regional no ha perdido “ni una sentencia” en las reclamaciones judiciales interpuestas en los 3 años de vigencia de la ley de directrices.