editorial >

El petróleo sigue ahí

La petrolera Repsol fue objeto esta semana de una invasión en toda regla autorizada por el Gobierno argentino, que ha creado una crisis con precedentes en la Cuba de Fidel o en la Venezuela de Hugo Chávez. De nuevo, una empresa española como blanco de las críticas y de los gobernantes de Latinoamérica, como si se tratara de una venganza más tras los 500 años pasados desde la conquista, que parecen aún no olvidados. La seguridad jurídica argentina, por los suelos, y las acciones de ésta y otras muchas empresas, muy tocadas (que no hundidas, afortunadamente).

Queda mucho por escribir sobre la batalla comercial que se avecina entre Europa, Estados Unidos y Argentina; también de lo mucho o poco que ha hecho la compañía al otro lado del Atlántico y de cuánto hay de razón y de ficción sobre la supuesta operación de inversores chinos, por ejemplo. Nada que no solucione el paso del tiempo.

Aún siendo un acontecimiento que por sí mismo conviene seguir muy de cerca, la pregunta esencial para nosotros es cuánto de la crisis argentina con YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) afecta a los negocios de Repsol en otros cuarenta países y, en especial, en España, donde nos toca de lleno la campaña de exploración e identificación de yacimientos de combustibles fósiles en aguas cercanas a Canarias.

La respuesta la ofreció el propio presidente de la petrolera a principios de semana: en nada. En una comparecencia ejemplar, que ya debería haberse incluido en todos los manuales de la buena comunicación corporativa, Antonio Brufau aseguró que Repsol seguirá con todas las campañas y operaciones previstas.

La campaña petrolera de Canarias tiene una importancia capital en el futuro económico de este Archipiélago. Y la política, como en otros órdenes de nuestra vida, en vez de ayudar a despejar dudas, ha llegado para enfangar y ensuciar el ambiente. Se trata de una actitud desleal y obstruccionista por parte de la clase política de todos los partidos, que no deja ver con claridad el horizonte económico si se activaran estos pozos.

La visita del presidente del Gobierno de Canarias a Marruecos tuvo muchas interpretaciones. Mientras que el gabinete de Paulino Rivero insistía una y otra vez en “la gran mentira” de la empresa Repsol, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria y el propio presidente Mariano Rajoy (porque se aseguraba que el rey Mohamed VI afirmó no haber encontrado petróleo) se apoyaban en informes oficiales del departamento marroquí de minas y de varias petroleras internacionales, desvelados esta semana por DIARIO DE AVISOS, que demuestran justo lo contrario.

Que sí hay petróleo, que hay casi 100 concesiones de exploración y, aún más importante, que la cantidad de petróleo que Marruecos cree tener en su ámbito, hasta la mediana con Canarias, es tanta que en absoluto la perforación de un simple yacimiento en aguas cercanas a Canarias generará tensión política, social y militar alguna.

Con tergiversaciones y manipulaciones, lo único que estamos creando es una enorme cortina de humo que contamina el espíritu de una sociedad abierta como siempre ha sido la isleña. Que se despeje la duda de la existencia o no de crudo y qué importantes beneficios obtendrá la gente de nuestra tierra debieran ser la máxima prioridad para Gobierno y oposición; aquí y en Madrid.

[apunte]

Consecuencia de las medidas

El Gobierno de Canarias anunció ayer una batería de medidas contra la crisis drásticas que gravan directamente el consumo. El propio consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, las calificó de “durísimas e injustas”.

Una de las medidas que traerá más consecuencias directas será, precisamente, la subida del IGIC del 5% al 7%. También se modifica el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF), con lo que para las rentas superiores a 53.000 euros al año el tipo pasa del 21,5% al 22,58% y se limita algunas bonificaciones a la población con menos poder adquisitivo.

Está claro que había que hacer recortes y que hay que asegurar las prestaciones sanitarias, la cobertura educativa y el apoyo a los dependientes. Sin embargo, el cómo hacerlo es muy cuestionable: hay empresas que puede que no se justifiquen, como es el caso de Hecansa con pérdidas de cuatro millones de euros. Sin embargo, la medida del IGIC puede traer graves problemas. El IGIC es un impuesto finalista en cascada, que paga el consumidor final, pero que hay casos -como en la hostelería- en que puede influir en toma de decisiones importantes. En el sector turístico, por el sistema histórico de contratación; los todo incluido recogen el IGIC en el contrato de adhesión. Eso parece que lo ignora el Gobierno, pues una subida del 2% no la van a pagar los consumidores finales en la realidad, sino que correrá a cargo de los hosteleros.

En un primer cálculo, podría establecerse en unos 100 millones de euros, que se corresponden de aplicar el 2% a la contratación ya hecha de un año, que se puede estimar en unos 5.000 euros. Ya muchos se están llevando las manos a la cabeza… y lo que es peor, al bolsillo, porque los contratos ya están hechos para este año y lo lógico sería que la medida entrara en vigor en 2013 para poder negociar los contratos de antemano. Esta es solo una de las posibles consecuencias de estas medidas. Habrá más.

[/apunte]