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“El Rey ha causado un perjuicio tremendo a la imagen de WWF”

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Luis Suárez Arangüena, biólogo y responsable del Programa de Biodiversidad de World Wildlife Foundation España. / DA

Licenciado en Ciencias Biológicas, el gallego Luis Suárez Arangüena lleva más de dos décadas dedicado a la educación ambiental, la investigación y conservación de la naturaleza. Actualmente, es el responsable del Programa de Biodiversidad de World Wildlife Foundation (WWF) España, una de las organizaciones medioambientales más importantes del mundo. Aprovechando su presencia en unas jornadas sobre el cachalote en el Archipiélago, el DIARIO ha dialogado con Suárez sobre cuestiones tan controvertidas como las prospecciones petrolíferas, el puerto de Granadilla o la cacería del Rey en Botswana, ya que el monarca es presidente de honor de WWF en nuestro país.

-¿En qué consiste el proyecto de conservación del cachalote en Canarias?

“El proyecto tiene tres grandes objetivos: por un lado, dar a conocer la presencia de la especie en Canarias, porque se pensaba que las Islas podían ser una zona de tránsito, pero había sospechas fundadas de que podía estar asentada con poblaciones estables en época de cría. También se quería sensibilizar a la población y fomentar la observación de cetáceos, una industria creciente que puede ser un recurso interesante. Por último, queríamos recopilar información para hacer propuestas de conservación que permitan minimizar los impactos sobre esta especie”.

-¿En qué fase se encuentra en estos momentos el estudio?

“El proyecto comenzó hace dos años, y debería terminar antes del verano. Diseñamos una serie de campañas en el mar, para buscar la presencia de cachalotes (a través de hidrófonos) en aguas canarias. Luego, a través de fotoidentificación, se determinaron los grupos y ejemplares, para desarrollar una estimación de la población, su presencia y distribución. Además, el estudio incluye una fase de divulgación, a través de jornadas y talleres de concienciación social”.

-¿Cómo se conjuga este proyecto con las particularidades que presenta el Archipiélago, por ejemplo, en lo que se refiere al tránsito de buques y cruceros?

“Es complicado, y es uno de los grandes retos que tenemos por delante. En Canarias hay una importante actividad económica en torno al transporte de mercancías y pasajeros, y no es fácil conjugar eso con la conservación de un patrimonio natural que es uno de los elementos más destacados y diferenciadores de las Islas, que además contribuye a traer mucho turismo y es uno de sus principales atractivos”.

-¿Entiendo, por tanto, que las prospecciones petrolíferas en aguas canarias pueden perjudicar notablemente la biodiversidad…

“Sin duda. Una posible marea negra nunca será compatible con la conservación de los cetáceos, ni con la preservación de la biodiversidad. Por eso, creemos que tendrá un impacto muy negativo sobre
la actividad turística”.

-El Gobierno central, sin embargo, insiste en que existe toda una normativa de seguridad y que se velará por el ecosistema marino…

“Cualquier actividad industrial está sujeta a una normativa de impacto ambiental, que garantiza que se tomen medidas y se minimice el impacto. Pero esa normativa nunca podrá garantizar que no ocurrirá una catástrofe; y desgraciadamente, en temas marinos relacionados con el petróleo tenemos muchos antecedentes que han provocado daños que, si no son irreversibles, sí son muy difíciles de gestionar a largo plazo. De hecho, si lo ponemos en una balanza, el coste de este daño, comparado con el beneficio que podría generar a nivel local, es muy superior. Y, en este caso, hablamos de unas prospecciones que se realizarán en un lugar clave, en zonas de máximo valor natural y muy próximas a la costa, por lo que el riesgo es elevadísimo”.

-¿Pueden las organizaciones ambientales llegar a paralizar la maquinaria de la Administración?

“Las administraciones tienen una obligación legal, porque la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad obliga a la protección de las especies vulnerables, pero no suelen tener en cuenta las propuestas de los ecologistas”.

-Teniendo en cuenta que el Rey Juan Carlos es el presidente de honor de WWF, ¿qué opinión le merece la decisión del monarca de cazar elefantes en el continente de África?

“Lo primero que hemos hecho es solicitar una reunión a la Casa Real, para transmitirle nuestro malestar. También hemos dejado claro el daño que nos puede provocar, porque llevamos más de 50 años trabajando por la conservación de especies como el elefante. Ha causado un tremendo perjuicio a nuestra imagen, y compartimos con mucha gente la decepción y el malestar. Por eso, conjuntamente con él, tomaremos la decisión que creamos mejor para la organización, para reforzar nuestras campañas de conservación de la biodiversidad y la caza ilegal que, aunque no sea éste el caso, sí es uno de nuestros objetivos prioritarios”.

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‘Trampas’ legales

WWF participó activamente en la campaña de preservación del sebadal y contra el puerto de Granadilla, pero su esfuerzo no tuvo el fruto deseado. En este sentido, Luis Suárez deja claro que “las administraciones deben trabajar por el interés común, especialmente en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza, y atender sólo a criterios técnicos y científicos”. En el caso de Granadilla, agrega, “toda la comunidad científica decía una cosa y el Gobierno regional fue por otro lado”. “La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad obliga a la protección de las especies vulnerables, como puede ser el sebadal, pero muchas autoridades locales no la tienen en cuenta a la hora de poner en marcha algunos proyectos”, concluye el entrevistado.

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