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El Supremo estudia la polémica ley antiinmigrante de Arizona

EFE | Washington

El Tribunal Supremo de Estados Unidos mañana una audiencia sobre la ley SB1070 del estado de Arizona, que convierte en delito penal la inmigración ilegal, con el fin de emitir un dictamen que puede condicionar el futuro de normas similares en otros estados.

El Supremo estudiará la constitucionalidad de la ley SB1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 y que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un estado. Esta ley llega ante el Tribunal Supremo después de dos años de protestas de partidarios y detractores y de costosos litigios en los tribunales.

El caso en la Corte Suprema se centra en si, como argumentará el Departamento de Justicia de EEUU, el Gobierno del estado Arizona se extralimitó y usurpó los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y además legislar sobre esta materia.

Aunque la ley entró en vigor en julio de 2010, varios de sus artículos están suspendidos por orden de la juez federal de Arizona Susan Bolton, entre ellas una disposición que permite a los cuerpos de seguridad cuestionar el estatus migratorio de las personas por sospechas de que sean indocumentadas.

Este martes, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebró una audiencia para tratar, precisamente, la constitucionalidad de esa ley de inmigración, que además ha servido de modelo para normas similares en estados como Georgia, Alabama, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

Combate contra la inmigración ilegal

La SB1070, según sus partidarios, responde a la frustración de varios estados por la presunta inacción del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y reforzar la seguridad fronteriza.

Como estado limítrofe con México, Arizona ha sido durante décadas “epicentro” del combate a la inmigración ilegal y el Gobierno de Brewer insiste en que tiene el derecho soberano de responder a ese problema dentro de sus fronteras.

Para cuando fue promulgada la SB1070, había en Arizona cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados -la mayor parte de ellos hispanos-, es decir, el número se quintuplicó respecto a 1990. En todo EEUU se considera que residen unos 11 millones de indocumentados.

La SB1070 fue modificada para evitar la aplicación selectiva de ley por criterios de raza, color u origen nacional. Sin embargo, sus detractores aseguran que ésta sólo ha servido para discriminar a personas que parezcan foráneas o tengan acento extranjero y no resuelve los problemas de la inmigración ilegal.

La ley fue promovida por el ahora ex senador estatal Russell Pearce, que ya había intentado promover una similar en 2006, aprovechando el ambiente contra la inmigración ilegal que comenzó a comienzos de la década de 1990.

La SB1070 fue impugnada en los tribunales por el Departamento de Justicia y una amplia coalición de grupos cívicos, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes en todo el país.

El dictamen de la corte, previsiblemente en junio próximo, determinará no sólo la constitucionalidad de la SB1070, sino que también marcará los límites de la autonomía de los estados para poner en marcha sus propias leyes migratorias.

Para Angela Kelley, vicepresidenta para asuntos migratorios del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el fallo judicial determinará si, al final, se reafirma la potestad del Gobierno federal o se da luz verde a un mosaico de leyes estatales que podrían variar con los vaivenes políticos y que, añade, sirven de pretexto para discriminar a quienes tienen aspecto de extranjeros.

Cronología

A continuación, una cronología para entender la trayectoria de la SB1070 desde las gradas de la legislatura estatal hasta las del Tribunal Supremo en Washington:

2006
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La entonces gobernadora de Arizona y ahora titular del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, vetó una ley similar a la SB1070, aunque menos estricta, propuesta por Pearce.
Ese mismo año, hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades con alta concentración de inmigrantes para exigir una reforma migratoria integral, la misma que permanece estancada en el Congreso de EEUU.

13 de abril de 2010
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Cámara de Representantes estatal aprueba la SB1070, con 35 votos a favor y 21 en contra.

19 de abril de 2010
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Legislatura estatal aprueba la SB1070, tras un voto sobre líneas partidistas de 17 a favor y 11 en contra en el Senado

23 de abril de 2010
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La gobernadora republicana Jan Brewer promulga la SB1070 y desata un enfrentamiento con las autoridades federales.

29 de abril de 2010
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Departamento de Justicia y grupos cívicos presentan sendas demandas en contra de la SB1070.

30 de abril de 2010
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La gobernadora Brewer firma la ley HB2162, que modifica la SB1070 al prohibir la aplicación selectiva de la ley en base a raza u origen nacional, para “dejar en claro y de forma inequívoca que el perfil racial (discriminación racial de las personas) es ilegal y no será tolerado en Arizona”.

finales de julio de 2010
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La SB1070 entra en vigor pero descafeinada después de que la juez federal en Phoenix (Arizona) Susan Bolton suspendiese los elementos más polémicos de la ley.
Poco después, la gobernadora Brewer apela la decisión.

11 de abril de 2011
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El noveno tribunal de apelaciones de EEUU falla en contra del estado de Arizona al declarar que la SB1070 es inconstitucional, y permite su bloqueo parcial.

12 de diciembre de 2011
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El Tribunal Supremo de EEUU decide estudiar la constitucionalidad de la SB1070. La juez Elena Kagan, una de los 9 magistrados de la máxima corte, se excusa porque trató el caso en su antiguo papel como representante legal del Gobierno ante el Supremo.

25 de abril de 2012
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Tribunal Supremo de EEUU realiza una audiencia de una hora para escuchar los argumentos orales a favor y en contra de la SB1070.

Puntos de la ley antiinmigrante de Arizona que analizará el supremo de EEUU

La ley SB1070, promulgada hace dos años por el Gobierno de Arizona para combatir la inmigración ilegal en ese estado sureño de EEUU, llega este miércoles finalmente ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir su futuro.

La legislación, bloqueada parcialmente en los tribunales, criminaliza la presencia ilegal en Arizona y ha servido de modelo para medidas similares en media decena de estados, como respuesta a la presunta inacción del Gobierno federal para poner coto a la inmigración ilegal en el país.

El Tribunal Supremo escuchará los argumentos a favor y en contra de la SB1070, promulgada en 2010, y su fallo, previsiblemente a finales de junio próximo, ayudará a demarcar la soberanía de los Gobiernos estatales a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración.

El meollo del caso gira en torno a si el Gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

En su fallo, el Supremo puede reafirmar la SB1070, anularla por completo o dejarla en pie pero solo en partes.

A continuación, los puntos más polémicos de la SB1070 que estarán bajo la lupa del Tribunal Supremo:

Sección 2(B)
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– Exige que los agentes policiales de Arizona verifiquen el estatus migratorio de toda persona, incluso un ciudadano, que detenga o arreste por cualquier otra infracción -aún si se trata de una ordenanza municipal-, si hay “sospecha razonable” de que se trata de una persona indocumentada.
(En la actualidad, la ley federal obliga a los no ciudadanos a portar documentos migratorios.
Sin embargo, ninguna ley federal permite exigir a toda persona la muestra de “papeles” ni obliga a los ciudadanos estadounidenses a portar una cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir.)

Sección 3
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– Convierte en delito de menor cuantía que los extranjeros no porten en todo momento su tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos y los somete a posibles sanciones y penas carcelarias.

Sección 5(c)
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– Criminaliza que los inmigrantes indocumentados busquen empleo o sean contratados. En la actualidad, la ley federal estipula que son los patronos, y no sus empleados, los que quedan sujetos a sanciones criminales por la contratación de indocumentados.

Sección 6
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– Autoriza que los agentes de la policía realicen arrestos sin el debido permiso judicial si tienen “causa probable” para creer que un inmigrante ha cometido un delito por el que puede ser deportado del país. Esta cláusula se aplicaría también a residentes legales y otros inmigrantes con visas válidas.

Contexto
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– La Constitución de EE.UU. establece que el Gobierno federal tiene potestad exclusivas, como la declaración de guerra o imprimir dinero.
La llamada “cláusula de supremacía”, además, establece que en aquellas áreas en las que el Gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva o cuando surgen conflictos con las leyes estatales, la ley federal prima sobre cualquier ley estatal.

Principales argumentos en el caso
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– La Administración del presidente de EEUU, Barack Obama, argumenta que las tareas migratorias son potestad tradicional del Gobierno federal porque se relacionan directamente con la soberanía y las relaciones exteriores del país, el control de sus fronteras y la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia argumenta además que la ley SB1070 contraviene las leyes federales y que su aplicación pone obstáculos a las prioridades y objetivos del Congreso, una entidad que ya ha establecido un sistema para regular la inmigración.

– El Gobierno del estado de Arizona argumenta que la SB1070 complementa las labores del Gobierno federal y facilita que sus agentes policiales cooperen en las tareas migratorias