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Florida prohibirá a entes públicos contratar empresas con negocios en Cuba

EFE | Miami

El gobernador de Florida, Rick Scott, firmará mañana martes una ley que prohíbe a los organismos públicos de este estado sureño de Estados Unidos cerrar contratos con compañías que negocien con Cuba, así como con Siria.

Esta ley será firmada en la Torre de la Libertad de Miami, un inmueble simbólico para la comunidad cubana de Florida, ya que allí se atendió inicialmente a los primeros exiliados que salieron de la isla huyendo del régimen castrista.

El texto, que fue propuesto en febrero pasado, ya ha sido aprobado por el poder legislativo de Florida con un apoyo prácticamente unánime, pero ha recibido críticas por parte de las autoridades de Canadá y Brasil, al tiempo que la Cámara de Comercio de Florida la ha calificado de inconstitucional.

La nueva norma afectará a empresas como la multinacional brasileña Odebrecht, cuya filial estadounidense tiene su sede en Miami y realiza importantes proyectos de infraestructuras en Florida.

En una entrevista radiofónica con Radio Mambí, Scott defendió que “el historial de los Gobiernos de los (hermanos) Castro y de (el presidente de Siria Bashar al-Assad) es irrefutablemente represivo”, al tiempo que ambos “apoyan activamente el terrorismo internacional”.

“Voy a firmar esta regulación para proteger a los contribuyentes de Florida de apoyar sin quererlo a dictaduras que cometen actos tan despreciables”, argumentó el gobernador.

Una vez firmada la nueva norma, que también establece medidas en previsión de la ruptura de contratos vigentes si con el tiempo se descubre que una compañía tiene operaciones comerciales con Cuba o Siria, entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Estados Unidos mantiene desde hace cinco décadas un embargo contra Cuba, una medida que durante los últimos veinte años ha sido condenada consecutivamente por la Asamblea General de la ONU.

El embargo fue impuesto de manera oficial en febrero de 1962, durante la Administración del presidente John F. Kennedy, aunque Washington había impuesto ciertas sanciones tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.