Hemos dicho en reiteradas ocasiones que para salir de la crisis necesitamos un proyecto de futuro capaz de cohesionar a la ciudadanía. Esta reforma estructural habrá de nacer con vocación de futuro y contribuir a la formación del capital humano necesario para no quedar fuera de los puestos delanteros de la Unión Europea. En definitiva, cuidar y mimar el talento.

Los primeros pasos se dieron en mayo de 2011, cuando tanto el Senado como el Congreso de los Diputados apoyaron unánimemente la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que viene a relevar a la antigua Ley impulsada por el recordado Pasqual Maragall, cuya contribución fue innegable durante cerca de 20 años. Ese necesario cambio de modelo nos ocupará durante gran parte de esta legislatura, y arranca del concepto de I+D+i+d, es decir, investigación, desarrollo, innovación y divulgación, al que habrá que añadir un pacto profundo sobre la educación.

Ya se han iniciado en la Cámara Alta los trabajos de la Ponencia impulsada por nosotros en la Comisión de Economía y Competitividad, que ha de emitir un informe que aporte medidas de apoyo a las pymes, y de transferencia de conocimiento hacia ellas, con criterios de responsabilidad social corporativa, optimización fiscal, mecenazgo y fondos éticos El objetivo mínimo marcado por el Consejo Europeo en cada uno de los países, es que se destine a este fin al menos un 3% de su presupuesto anual, que en España se ubica en torno al 1,3. Es más necesario que nunca un sistema que permita interactuar a los sectores público y privado, con el fin de sumar esfuerzos también en esta materia. No es en vano. No nos cansaremos de decir que esta crisis hará que nada vuelva a ser como era. En nosotros está el conseguir salir de esta difícil situación, y lograr ir a más. Eso sí, seguiremos notando la escasez de fondos públicos, y si las administraciones asumen la necesidad de priorizar la inversión en los aspectos que sustentan nuestro Estado de Bienestar, será preciso buscar nuevas fórmulas de financiación. El Gobierno de España ha comprendido la necesidad de adoptar reformas en una doble vía. Primero, con un programa de ajustes, con reformas en el ámbito financiero, en el mercado laboral, en la justicia o en el sistema tributario, y muy especialmente, con criterios que limiten el elevado déficit de nuestra economía.

Y en segundo lugar, habrá que ir adoptando estrategias concretas en cada una de las áreas de actividad, que en coordinación con el sector empresarial, nos permitirán reorganizar cada una de esas facetas de nuestra sociedad.
En esta línea, el gasto del que hablábamos en I+D+i+d, tendrá que seguir subiendo, y la hoja de ruta la ha esbozado el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que ha dicho en el Congreso que la inversión en investigación en España presenta una deficiencia estructural, por depender de subvenciones nominativas -exentas de concurso-, que habrán de ser eliminadas para dar paso a la inversión privada. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la baja productividad en España obedece a la falta de actividad privada y a la gran rigidez de su mercado laboral. Por ello, el esfuerzo inversor de las instituciones ha de orientarse en función de la capacidad innovadora de las empresas, y fomentar su competitividad. Es necesario, pues, un modelo productivo apoyado en la ciencia, la creación de conocimiento y la innovación, para que estos aspectos se pongan al servicio de la generación de empleo. Será necesario aprovechar los recursos de que disponemos, y gastar más eficientemente, para dar el paso de la subvención hacia la inversión, que funciona en economías mucho más competitivas. Será labor del Gobierno facilitar al sector privado la disposición de capital de manera que pueda desarrollar su actividad, pues los trámites burocráticos para las empresas se eternizan y la fiscalidad que soportan es tremendamente disuasoria. Es fundamental un cambio legal que altere esta situación. Ahora toca emprender un nuevo proceso para superar esta crisis, que pasa por la adopción de este programa de futuro, capaz de vertebrar nuestro desarrollo y darnos cohesión como país, poniendo el acento en esa combinación de educación, apoyo a la iniciativa privada e inversión en I+D+i+d. Estamos convencidos que esta Ponencia, que cuenta con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas que integran el Senado, está llamada a ser de las principales acciones de esta Legislatura, y logrará el ansiado objetivo de implicar a la sociedad civil en el bienestar común, con la colaboración de todos.

Antonio Alarcó Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla