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El Gobierno de Canarias aprobará hoy una cesta de ajustes, siguiendo la ruta diseñada por Rajoy, quien ya dijo en Colombia que “no hay dinero para atender los servicios públicos”. Este dato constituye el meollo de todo el programa de recortes y por sí solo debería acallar las protestas oportunistas. El país no puede repartir lo que no tiene. No es cuestión de capricho. Ningún dirigente en su sano juicio privaría a su pueblo de conquistas sociales, ni le obligaría a recortes impopulares. El Estado del Bienestar, esa ilusión colectiva que nos hicieron creer que nunca tendría fin, no da más de sí. Y solo es sostenible si existen recursos para ello; en otro caso, hay que acudir a la subida de impuestos y a la dolorosa restricción de derechos tenidos por intocables. En esta línea, al Gobierno de Canarias le toca hoy recortar, recortar y recortar. Hasta ahora se ha limitado a protestar, a veces con razón -con mucha razón, cuando habla de injusta financiación de la comunidad autónoma, por ejemplo-, en una postura que oscila entre la actitud plañidera y el inútil desafío al Ejecutivo central. Llegada la hora de la verdad, tiene que enfrentarse a sus propias responsabilidades, que no son pocas. No basta con echar la culpa “a Madrid”, que es lo fácil y la expresión más a mano para la demagogia. Paulino Rivero y sus consejeros llevan meses hablando de reajustes, de cumplimiento de objetivos, de menor endeudamiento que otras comunidades y de autocomplacencias por el estilo. Aun admitiendo que se trata de medias verdades, la auténtica austeridad está por venir. Hoy es el ahora o nunca, el día de la responsabilidad. El erario isleño tampoco tiene recursos económicos, ni puede esperar socorros más allá de lo que logre -si lo logra, y ojalá sea así- vía enmiendas a los Presupuestos estatales o por conducto institucional, aunque todos los puentes de entendimiento hayan sido volados en los últimos tiempos. Para garantizar la cohesión social y la obligada atención de los más necesitados, deben pagar más quienes más tienen. No basta una subida generalizada de impuestos, la congelación de sueldos de arriba abajo, la introducción de algunas tasas, los traslados, los despidos, las jubilaciones incentivadas y las rebajas salariales. Urge la ejemplaridad y la transparencia. Y junto a la explicación objetiva, el imprescindible tajazo al tamaño de la Administración -con la fusión y/o supresión de organismos y empresas- y la práctica de la disciplina económica y la austeridad, que debieron haberse implantado por ley hace varios años. Por si alguien no se ha enterado, el país se halla al borde de la intervención y en emergencia económica y social.