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Icod de los Vinos y Güímar también se oponen a quedarse sin juzgados

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

Nadie está contento. La propuesta que baraja el Consejo General del Poder Judicial para fusionar los partidos judiciales de Arona-Granadilla y La Orotava-Puerto de la Cruz, además de suprimir los de Icod de los Vinos, Güímar y Los Llanos de Aridane, ha despertado un aluvión de críticas desde los ayuntamientos afectados. Si palmeros, chasneros y portuenses ya pusieron el grito en el cielo al conocer estos planes -adelantados en su día por DIARIO DE AVISOS-, llega el turno de la queja para güimareros e icodenses.

Por lo que respecta a la localidad del Drago, el pleno municipal -con su alcalde al frente, Juan José Dorta- se pronunció ayer unánimemente “firme y rotunda voluntad de la defensa del Partido Judicial de Icod”. Para ello anuncian el inicio “inmediato” de acciones, de las que ya anticipan la intención de recabar el “amparo y apoyo del Gobierno y Parlamento de Canarias”.

El Ayuntamiento icodense justifica su rechazo a esta iniciativa, que responde al rediseño del mapa judicial español, en que “los juzgados de la ciudad, que son mixtos (de primera instancia e instrucción), son un servicio al pueblo, generan economía y forman parte de la historia de la Comarca Noroeste de Tenerife”.

Como recordarán los lectores, la previsión inicial -que aún no está aprobada oficialmente, aunque sí los criterios de al menos cien mil habitantes por partido y menos de una hora de camino hasta la cabeza judicial- es que los juzgados de Icod sean absorbidos por La Orotava, mientras que los de Güímar lo serían por Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto, hay que destacar que el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, ya emitió un comunicado en el que muestra su “profundo rechazo” a una medida que a su juicio “supondría colapsar aún más la Administración de Justicia y perjudicaría gravemente a los 60.000 habitantes que hay en el Valle”.

También asegura Yanes que implica “un grave perjuicio de la maltrecha economía de los vecinos, que tendrían que sufragar los gastos de transporte”.

El alcalde socialista confía en que el Gobierno central reflexione y no acabe con un logro histórico que logró Güímar en 1989 cuando consiguió ser sede de Partido Judicial.