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Inés Rojas invita a denunciar presuntas irregularidades en centros de mayores

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha invitado hoy a usuarios de centros de mayores y discapacitados y familiares a denunciar sus posibles irregularidades, que pueden acabar en cierre si es preciso, como ha ocurrido ya en veinte casos entre 2006 y 2010.

La mayoría de esos cierres, que se han debido a deficiencias en la tramitación de licencias u otros documentos o de tipo técnico, más que a negligencias en el trato a los usuarios, se han producido en todo caso, según ha informado Rojas, como consecuencia de la labor de inspección de esos centros que se hace desde el Gobierno Autónomo y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Dos instancias administrativas que han formalizado hoy, mediante un convenio, un protocolo de cooperación en la labor de control del buen funcionamiento de ese tipo de establecimientos que, cada una desde el ámbito de sus competencias en la materia, ejercen desde años atrás con una colaboración cada vez más estrecha.

Así lo han asegurado Inés Rojas y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, firmantes de un acuerdo de cooperación administrativa en actuaciones relacionadas con la autorización, registro, inspección y cierre de centros y servicios de atención a personas mayores y con discapacidad, tanto públicos como privados.

Centros que uno y otro han coincidido en señalar que están convenientemente sometidos a control a pesar de opinar que es considerable la cantidad de ellos que existen en Canarias.

En concreto, hay 55 de atención a mayores y 127 de discapacitados sólo en el sector público, y los privados son “muchos más”, según ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, que ha dicho no poder precisar en este momento la suma de los que no pertenecen a la administración, pero que la cantidad total de usuarios de unos y otros supera las 10.000 personas.

E insistiendo, de todos modos, en que la labor de fiscalización se ejerce con igual énfasis en los centros privados que en los públicos, y en que es preciso que desde la ciudadanía “se sepa que se actúa” cuando hay irregularidades, frente a las insinuaciones de posible negligencia en el control de esos establecimientos que han surgido cuando ha habido denuncias sobre alguno en televisión.

En esa línea, ha explicado que en Canarias se han producido cierres de establecimientos que han sido criticados en la tele pero también “otros muchos que no han sido mediáticos” como aquellos y ha sostenido que la razón no ha sido esa denuncia pública, sino una tarea de inspección de la Administración que ya estaba en marcha.

Aunque “luego todo se entremezcla, se confunde, y parece que ha sido porque era un caso mediático”, ha apostillado.

Tanto Rojas como Vicente Garrido han querido matizar, en cualquier caso, que siempre se trata de dar oportunidad a los responsables de los centros para que corrijan sus posibles deficiencias antes de recurrir al cierre, que es la última medida a adoptar.

Ello se debe, según ha argumentado el fiscal superior, a que ejecutar un cierre “no es fácil”, sobre todo porque implica tener que reubicar a las personas residentes en el centro afectado, y eso “es algo que, a veces, cuenta con la oposición de sus propios familiares”.

Quienes, de hecho, han llegado a rechazar en algunos casos la opinión de los inspectores cuando han denunciado supuestas deficiencias de centros, manteniendo que la atención recibida por sus mayores sí era buena cuando desde la Administración se consideraba que no, ha destacado Inés Rojas.