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La acuicultura se ahoga en las Islas

Imagen de archivo de una granja marina que se explotaba en la bahía de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. / DA

ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

Se acabó lo que se daba. La crisis está en todas las esquinas pero a unas las ha deteriorado más que a otras. En el grupo de esquinas que peor se ha defendido en las Islas ante la frialdad económica de los cuatro últimos años, se halla, sin lugar a dudas, la actividad acuícola marina, que, y esto hay que recordarlo, se vendió en Canarias, por políticos y empresarios, como la panacea y el campo de acción inversora con mejor futuro. Se dijeron muchas tonterías por gestores públicos que leían papeles facilitados por técnicos y asesores, entre éstas la previsión de alcanzar 50.000 toneladas de producción acuícola por año (jamás se ha superado el umbral de 9.000 toneladas), de dorada y lubina, en el horizonte de 2016. Es lo que afirmó, por ejemplo, la exconsejera canaria de Agricultura Pilar Merino (del PP), y también lo que recalcó su sustituto en el cargo, el nacionalista Domingo Berriel. Hoy, con Juan Ramón Hernández al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, todo es diametralmente diferente, sobre todo porque el esfuerzo ya no se centra en invertir en acuicultura, sino en recuperar, a través de expedientes de reintegro, el dinero público concedido, principalmente de la UE, a proyectos fallidos. La cifra es de escándalo, porque, según fuentes a la que ha tenido acceso este periódico, de los fondos estructurales del IFOP (septenio 2000-2006) y del llamado Fondo Europeo de la Pesca (FEP), el vigente (2007-2013), Canarias (la gestora de las subvenciones) ha dilapidado nada más y nada menos que unos 40 millones de euros, que es la cifra, euro arriba euro abajo, que la Viceconsejería de Pesca y Aguas hoy está obligada a reclamar a los inversores con granjas abandonadas.

Ya se puede decir que la recuperación de esos fondos no sólo será difícil, sino que, en muchos de los casos, por no decir en todos, será imposible. Así que hay 40 millones de euros de dinero público que quizás ya nadie saque del cubo de la basura. Para sólo aportar una fotografía de cómo hoy está este singular patio, basta ceñirse a lo que ha ocurrido en la provincia tinerfeña, donde de las 16 granjas marinas instaladas para la producción y el engorde de dorada y lubina sólo están en activo, o sea, atendidas, cuatro. Y lo mismo, o parecido, en la provincia de Las Palmas. La acuicultura canaria ha reventado antes y con más intensidad de cómo ha ocurrido en el resto de España. La culpa de ello, en primer lugar, hay que hallarla en la inexistencia de políticas relacionadas con la acuicultura, su implantación y su desarrollo singular en Canarias. Otra vez se ha fallado, y el error se paga con un coste público de 40 millones, dinero que es muy probable que ya no asome por sitio alguno.

Tal y como se refleja en la información gráfica que se acompaña en estas páginas, que utiliza como fuente oficial la Junta Nacional Asesora de Cultivo Marinos (Jacumar) y el Ministerio de Agricultura, en Canarias, como en España, pero en las Islas con una intensidad mucho más frenética, se ha dado la vuelta a la tortilla.

En las Islas, las curvas que definen la evolución de la producción marina y en cautividad de las especies dorada y lubina caen en picado en el último año con datos cerrados y difundidos, que es el de 2010. Si los hubiera de 2011, la tendencia sería la misma, sobre todo porque es evidente que el abandono de unidades de producción en aguas cercanas a la costa del Archipiélago ha sido de locura en el último año y en lo que va del actual.

Jaulas flotantes para el engorde de dorada y lubina, en Anaga. / DA

Así tenemos que la oferta de dorada, la especie que peor se defiende en los mercados, con muchos competidores, sobreoferta y precios con pérdidas para las Islas (que casi todo lo debe comercializar en mercados externos, principalmente en Península), ha pasado de una producción máxima por año en Canarias de 4.576 toneladas, en el año 2006, a la cota de 2.664 toneladas para 2010, lo que supone la pérdida del 40% de la oferta engordada para esta especie en granjas marinas radicadas en aguas canarias.

Estas estadísticas demuestran que en el último lustro los empresarios canarios de la acuicultura marina han decidido especializarse en la lubina, con más posibilidades de introducir en los puntos de venta, sobre todo si se trata de tallas grandes, donde Canarias tiene ventajas comparativas. Este hecho justifica que, para el periodo 2006-2010, la oferta de lubina en Canarias haya crecido el 45%, lo que representa pasar de una producción de 2.229 toneladas en 2006 a 3.219 en 2010. Pero, como se puede observar en las mismas curvas, de 2009 a 2010, se ha pasado de producir 4.795 toneladas de lubinas (año récord y el ejercicio económico en que se superó por primera vez a la dorada) a 3.219 toneladas en 2010, con una caída del 33% en ese único año. Por lo tanto, se puede decir que la lubina ha aguantado mejor la crisis, pero ya también se encuentra afectada de lleno, como se percibe en el fortísimo retroceso que se produce en 2010. Todo esto es bien sencillo de explicar: no hay venta o la que se produce es con pérdidas no compensadas en su totalidad por las ayudas a la comercialización del Posei-Pesca, y ello, unido a las dificultades de ser competitivos en los mercados externos y a que la actividad es de elevadísimo riesgo, condena al cese del engorde. Y en ésta ahora estamos, e incluso parece que sin opción de retornar a la mejor época, que ya no será el futuro que dibujó el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura para Canarias (PROAC), con el bien conocido umbral de 50.000 toneladas de pescado de crianza en el año 2016. De esto nada. Ahora sólo queda esperar para ver qué es lo que se salva de lo que hubo, que igual habrá hasta que empezar de nuevo, y no sólo en el mar, sino también en tierra, ya que las plataformas de comercialización vinculadas a esta actividad, entre otras Acuimarca y Dylcan, también se hallan en una situación muy delicada, delicadísima… Es el efecto dominó que termina por llevarlo todo al suelo.

Se las prometían felices

En el año 2009, ya se produjo la primera gran señal de alarma. En ese ejercicio, la pesca extractiva que practica la flota canaria (la que tiene puerto base en las islas y descarga en instalaciones del Archipiélago) generó más riqueza en la Comunidad Autónoma que la actividad acuícola de dorada y lubina. Se dio la vuelta a la tortilla. Esa conclusión se extrae de datos oficiales difundidos por la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias a través de su web corporativa. Según los parámetros ofrecidos por Pesca, que tienen su origen en estadísticas obtenidas a partir de la primera venta, la oferta de pescado (suma de fresco y congelado) dio lugar a una cifra de negocio en 2009, en primera transacción y a precios corrientes, de 33 millones de euros, lo que significó 5,5 millones más que el valor total atribuido a las actividades acuícolas desarrolladas en el mar, que alcanzaron la cota de 27,5 millones. Esta cifra, en niveles de 2007, es algo superior a la del año 2008.

Tal y como se recoge en las tablas confeccionadas por la Viceconsejería de Pesca, en 2009 la pesca extractiva superó en valor de la producción y en toneladas ofertadas a la acuicultura, actividad que obtuvo como balance de 2009 una oferta absoluta de 8.003 toneladas. En cambio, la pesca extractiva, para descargas en fresco y congelada, llegó a las 16.700 toneladas, con una cifra de negocio de 33 millones de euros. En términos relativos, la actividad extractiva de los pesqueros locales a lo largo de 2009 supuso el 54,5% del valor total de las descargas en primera transacción, mientras que la oferta acuícola marina copó el 45,5% restante.

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Señal de alarma

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, la entonces dirigida por el PP y Pilar Merino, no las tuvo todas consigo en la primavera del año 2010. A los intentos, todavía hoy frustrados, de conseguir un incremento global de la ficha financiera anual del conocido como Posei-Pesca (programa comunitario de aplicación en las regiones ultraperiféricas que a Canarias da 5,8 millones de euros por año, hasta 2013), se unió entonces el rechazo frontal de los productores pesqueros (cofradías y OPP del archipiélago, entre ellas Anacef) a la propuesta cursada por la Viceconsejería de Pesca canaria, cuyo titular era Francisco López, de quitar 600.000 euros al año de las partidas de apoyo comunitario para la pesca extractiva con el objeto de pasarlos a los capítulos del Posei-Pesca relacionados con la acuicultura, actividad que en las Islas ya pasaba por mal momento. Esta maniobra, en su día abortada, es una prueba de que Pesca ya sabía entonces que las cosas iban mal, bastante mal… Pero de cara a la opinión pública no pasaba nada: se vendían las lindezas del PROAC y sus 50.000 toneladas de pescado de crianza para 2016. Y los voceros eran Merino y Berriel.

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