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La Fiscalía pide 10 años de cárcel por un incendio en Valle Tabares

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El Ministerio Fiscal solicita una pena de diez años de cárcel para el joven identificado por las iniciales J.T.N.C. al entender que fue el autor de un delito de incendios previsto en el artículo 351 del Código Penal, según se desprende del escrito de conclusiones provisional elevado por la acusación pública y que obra en poder de este periódico.

Los hechos se remontan a poco antes de la una de la mañana del 20 de abril de 2005, cuando -según considera probado el fiscal- el acusado decidió apilar una serie de mantas y almohadas en el módulo en el que se encontraba internado del centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares y les prendió fuego.

A resultas de tal acción, un número no indeterminado de los 31 internos que se encontraban aquella noche en el lugar resultaron intoxicados por el humo, mientras que el propio acusado habría sufrido quemaduras de carácter leve.

Siempre según la Fiscalía, las llamas causaron daños materiales en el centro por valor de 22.887,77 euros, por lo que al acusado se le exige que satisfaga tal importe a la Dirección General de Protección del Menor, Área de Ejecución de Medidas Judiciales del Gobierno de Canarias.

Eso sí, al imputado se le aprecia la circunstancia atenuante que modifica la responsabilidad por dilaciones indebidas en la tramitación de este proceso, cuya vista oral se celebra mañana.

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Inés Rojas: “Las inspecciones de la Justicia al centro están dentro de la normalidad”

La visita de inspección conjunta entre el juzgado de menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía de Menores, auxiliados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se realiza como una actuación más dentro de un expediente informativo”, afirmó ayer en comisión parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Centro de Valle Tabares el pasado jueves 1 de marzo, cuando se produce una inspección en el centro de internamiento.

“A día de hoy, la Dirección General no ha recibido notificación oficial del resultado de la inspección, pero en declaraciones públicas del Fiscal de Menores realizadas el martes 6 de marzo, en el registro los policías, entre ellos la unidad canina de la policía, y funcionarios judiciales, no hallaron ni móviles, ni pinchos, ni armas blancas, tan solo algún resto de hachís y una pipa para fumar”, aclaró Rojas.

Según explicó la consejera canaria, “un expediente gubernativo o informativo debe ser considerado un procedimiento habitual llevado a cabo por quien inspecciona un centro y precisa llevar a cabo actuaciones complementarias para obtener mayor información o bien para esclarecer determinados asuntos relacionados con la gestión del centro”.

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