VICENTE PÉREZ – NORBERTO CHIJEB | Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia que anula el Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, al carecer de una evaluación de impacto ambiental estratégica exigida en la Ley 9/2006 que avale las recalificaciones de suelos rústicos a urbanizables, en este caso unos terrenos en Montaña de Jagua (en la zona de Machado).
Así lo dio a conocer ayer el ciudadano que ha ganado este litigio contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, Javier Delgado, acompañado de su abogado y concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, así como del edil de este partido en El Rosario, Fidel Vázquez.
El letrado se afanó por dejar patente que la sentencia “declara nulo, y no anulable, todo el PGO, por lo que no se pueden convalidar los trámites ya hechos, sino que debe empezarse de cero, es decir, ya no es posible aplicar el documento aprobado en 2010 por la Cotmac, sino solo las Normas Subsidiarias de 1991”. Un criterio que ayer rebatió el alcalde, Macario Benítez (PSOE), al reducir el problema a “un defecto formal subsanable”.
Sin embargo, el letrado subrayó que el TSJC no ha considerado acreditado porqué la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) libró a este planeamiento de someterse a una evaluación ambiental estratégica. Un asunto por el que el TSJC ya había dictado sentencias anteriores y, según el abogado, la respuesta de la Cotmac para subsanar este defecto no convenció a los magistrados.
Por ello, Fernández Arcila sostuvo que “los únicos responsables de las consencuencias de esta anulación del PGO son el alcalde y el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, que forzaron la aprobación del PGO”.
Además, el abogado dijo que todas las licencias dadas al amparo del nuevo PGO también son nulas, por lo que, en caso de que los afectados reclamaran indemnizaciones económicas, “derivaremos la responsabilidad al alcalde y a Berriel, para que las asuman ellos con su patrimonio personal y no el erario público”.
Por su parte, el vecino que recurrió dijo que ha pasado por un “calvario” de cinco años, “soportando insultos e intentos de desprestigio”, pero animó a los ciudadanos a “no dejarse asustar por los políticos que toman decisiones injustas”. Aseguró que se enteró de que el suelo donde tiene su finca agraria y ganadera estaba dentro de una futura urbanización cuando fue a pedir “un permiso para limpiar las huertas”, y no porque el Ayuntamiento propiciara la participación ciudadana en el PGO.
Finalmente, el edil de Sí ae puede señaló que la anulación del plan con esta sentencia “servirá para hacer uno nuevo desde El Tablero a Machado, una gran franja agrícola que se había puesto urbanizable, y esperamos que vuelva a rústica, pues los terrenos agrarios son ahora incluso más interesantes”.
Benítez: “Es un defecto formal subsanable”
El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de El Rosario lamenta “la ceremonia de la confusión” que ha realizado Sí se puede, interpretando de manera sesgada una sentencia del TSJC y cargando de manera injustificada todas las responsabilidades en el Ayuntamiento y “arrojando sospechas sobre sus dirigentes políticos, faltando a la verdad”. Y es que la misma sentencia precisa que “el objeto del presente recurso es la impugnación del acuerdo de la Cotmac por el que se aprueba definitivamente el plan general de El Rosario”. Y en este sentido hay que añadir que, de acuerdo a los servicios jurídicos municipales que, “el único motivo estimatorio de la sentencia es el relativo a la apreciación de un defecto formal en la motivación necesaria que debe realizar el órgano ambiental, en este caso, la Cotmac, para declarar la decisión de declarar inviable el sometimiento del plan a la evaluación ambiental prevista”. Insiste el grupo de Gobierno de acuerdo a esta argumentación que “esta motivación no es en absoluto competencia del Ayuntamiento, sino como se ha expuesto de la Cotmac y que además constituye un defecto formal perfectamente subsanable en dicho órgano. La actuación del Ayuntamiento se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente, persiguiendo el interés público y el desarrollo urbanístico municipal sin que la sentencia se cuestione de ninguna manera la actividad municipal”.
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Otras denuncias
‘Caso Varadero’. Fernández Arcila afirmó que la causa penal por el intento de urbanizar el suelo protegido de Varadero con mil viviendas está ahora pendiente de que se resuelvan dos recursos presentados por la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal, imputadas, contra el auto de procesamiento que también imputa al alcalde y otros ediles. El abogado, que en este caso representa al partido denunciante, IR-Verdes, tachó de “paradójico” que Mora sea consejera insular de Medio Ambiente cuando está imputada por pretender urbanizar una ladera protegida por el PIOT.
Montaña Carbonero. El abogado augura que el recurso de los propietarios de la finca agrícola ecológica de Montaña Carbonero contra la urbanización del flanco de este cono volcánico se resolverá en igual sentido que el de Montaña de Jagua, pues ambos casos los llevan los mismos magistrados. Se trata de una unidad de actuación donde el beneficiado es el propio alcalde de El Rosario, dueño de la mayor parte del nuevo suelo urbanizable.
Tabaiba. La reparcelación de esta urbanización ya ha sido anulada por los tribunales, según avanzó Arcila.
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