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La obra del generalísimo resiste a la ley

Placa situada en la fachada de uno de los edificios de la barriada de San Felipe. / MOISÉS PÉREZ

LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz

Blanco o negro. Para algunos no caben tonalidades intermedias. El recuerdo de la historia más reciente de un país sigue provocando aceptaciones y desavenencias. Los efectos culturales y arquitectónicos de la larga dictadura franquista siguen, pese a la ley, presentes en muchas ciudades españolas.

Los signos de exaltación del franquismo perviven en calles y edificios públicos de la Isla, y no todos los Ayuntamientos están dispuestos a retirarlos. El Norte también figura en el mapa del debate. En el medio de la polémica, la controvertida Ley de Memoria Histórica, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, y por el momento sin derogar, deja claro en su artículo 15 que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pese a la ley, municipios como Puerto de la Cruz siguen manteniendo vivo este recuerdo con la conservación de una placa conmemorativa de Falange Española en la fachada de la barriada de San Felipe. Además, existen un grupo de viviendas que se denominan barriadas de Carlos Arias Navarro, en alusión al que fuera consejero Nacional del Movimiento y presidente del Gobierno de España desde 1974 hasta el año 1976.
Pese a esto, el Ayuntamiento portuense no baraja la retirada de las placas ya que “no se tiene planificado y no se trata de un tema prioritario”, según informan fuentes municipales. Fue el anterior gobierno socialista el que impulsó el cambio de nombre de algunas vías de la ciudad, como la avenida Generalísimo, que pasó a llamarse Familia Bethencourt y Molina, así como la retirada del escudo preconstitucional que figuraba en la fachada del antiguo edificio de Correos, entre otros.

Cumplimiento

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes  Schwartz, deja claro que son las corporaciones locales “las que tienen que cumplir con la ley y no basarse en considerar si está bien o mal la retirada. En La Orotava, desde un principio ha sido una localidad ejemplar, puesto que cumplió con la ley y retiró todos los nombres y escudos franquistas; otras administraciones deberían tomar nota”, destaca Schwartz.

Por su parte, la oposición portuense lo tiene claro: el gobierno local de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) también debe obedecer la ley. El grupo socialista, a través de su viceportavoz, Guillermo Pérez Pastor, recuerda que desde siempre “hemos intentado cambiar la nomenclatura y abogar por la cultura popular; somos defensores de una cultura liberal en el municipio”. Sin embargo, los socialistas portuenses no han planteado una propuesta para retirar los símbolos que todavía permanecen, porque “debe realizarse con el consenso de una oposición que pueda dar fuerza a la propuesta”.

Antiguo edificio de Correos en Puerto de la Cruz. / MOISÉS PÉREZ

Otras localidades

El concejal de Vecinos por el Puerto (VxP), Jaime Coello, “llama a cumplir con la normativa vigente” y pone de ejemplo a otras localidades que con éxito y sin problemas, han eliminado los emblemas preconstitucionales.

Por su parte, Izquierda Unida se muestra como el grupo más directo y activo. Su portavoz, Jonás González, da un paso más: anuncia que presentará en sesión plenaria una propuesta para despojar a la ciudad de cualquier recuerdo totalitario. “Hemos trabajado en esta línea y aprovecharemos la fecha del 14 de abril para que la ciudad se posicione como un municipio pionero en libertades. Con la moción que vamos a presentar queremos que se debata desde el municipio el modelo de estado que prefiere la ciudadanía”, indica.

El deseo de construir una democracia reconciliada y la aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados, produce conclusiones de todo tipo. Mantener viva la memoria histórica, la de cada uno y la de todos, y ser consecuentes con ella, debiera ser el lazo de unión.

Justa y necesaria

Por último, Mercedes Schwartz lamenta que el PP a nivel estatal, intente poco a poco “dinamitar una ley justa y necesaria”. Para la presidenta de la Asociación, un detalle claro de estas intenciones “es la reducción de un 60% en las ayudas a la memoria histórica”. Schwartz considera que “es significativo” que el Consejo de Ministros haya aprobado una nueva estructura del Ministerio de Justicia que incluye, entre otras modificaciones, la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, cuyas funciones, a partir de ahora, serán desempeñadas por la División de Derechos de Gracia y otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.

La obra del generalísimo sigue presente en Puerto de la Cruz. El debate se traslada a la calle.

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Ejemplo villero

El Pleno del Ayuntamiento de La Orotava aprobó por unanimidad, en junio de 2009, modificar la denominación de las dos últimas zonas que llevan hasta la fecha, alusiones a la dictadura de Franco, como son la calle General Machado en el centro urbano y el grupo de viviendas 25 Años de Paz, en San Antonio. La sustitución del escudo franquista del edificio de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos por su actual imagen corporativa fue uno de los primeros cambios. Cerca de una docena de calles de la Villa han estrenado rotulaciones con sus nuevos nombres, elegidos por consenso entre los vecinos y los grupos políticos.

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