recortes presupuestarios > el futuro de la asistencia en salud (II)

La sanidad canaria, sin rumbo

Sede de la Consejería de Sanidad en Tenerife. /DA

INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno autonómico lleva ya ocho años sin aprobar un Plan de Salud, a pesar de que este instrumento se contempla en el artículo 16 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Ya sea porque no existe presupuesto para desarrollarlo o porque el sistema público canario de salud tendría que redefinirse por completo. Lo cierto es que ninguno de los dos últimos planes correspondientes a los periodos 2004-2007 y 2010-2015 (segundo y tercero) ha llegado a presentarse siquiera al Parlamento, ni ha sido aprobado por el Ejecutivo regional. Esta carencia de misiones estratégicas podría aumentar aún más si cabe los graves problemas que ya sufre la sanidad en el Archipiélago.

Paradójicamente, ambos documentos están redactados, y en ellos se recogen las directrices, acciones y recursos existentes para el cumplimiento de las mismas, y que definen el rumbo de la sanidad canaria. Si bien, los objetivos primordiales cambiaron de forma sustancial en el último informe.

El segundo borrador del plan recogía como propósito central la atención prioritaria a las enfermedades prevalentes en las Islas y la mejora de los servicios, mientras que los objetivos en la redacción del último se trasladan hacia la sostenibilidad financiera del sistema sanitario sin mencionar el anterior reto. El Consejo Económico y Social (CES) recomendó la puesta en marcha de este último plan en su dictamen preceptivo, entre otras apreciaciones, además de que se añada al mismo el Programa Integral de Enfermedades Prevalentes.

El Plan de Salud es importante porque refleja el consenso de la sociedad sobre hacia qué prioridades debe dirigir el Gobierno sus acciones, sabiendo que sus presupuestos son limitados. Por lo tanto, los planes de salud reflejan los intereses generales de la población en materia sanitaria.

Las acciones que se incluyen en el mencionado plan se materializan a través de los Programas de Gestión Convenida que representan el compromiso que establece la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) dependiente de la Consejería de Sanidad, con las gerencias de Atención Primaria, de los servicios Sanitarios y de las direcciones de las Gerencias de Atención Especializada del Archipiélago. Estas actuaciones a realizar se suscriben tras un proceso de negociación entre el SCS y las gerencias hospitalarias. Pero, si no hay un plan estratégico de salud para Canaria, ¿cómo y quién esta dirigiendo la política sanitaria en sus diferentes ámbitos? La respuesta a esta pregunta podría estar en tres hipótesis: que las gerencias de los centros hospitalarios hacen lo que estiman preciso o lo que buenamente pueden con los recursos de que disponen; que lo hace el SCS sin ninguna línea estratégica definida; o bien que lo mandan los jefes de los servicios más influyentes. En la actualidad, existe una merma considerable del presupuesto de Sanidad debido a la crisis. Este hecho no contradice la realidad de que la financiación para la sanidad canaria se ha ido incrementando en los últimos 10 años de forma importante. A pesar de ello, tanto en el BaroCES (Barómetro de Opinión Pública en Canarias) como en el barómetro sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad para las Islas, con una encuesta más profunda, ambos de 2008, los canarios reflejaron un aumento progresivo de su descontento con las prestaciones públicas sanitarias.

El CES, en su valoración del nunca aprobado III Plan de Salud de Canarias, es contundente en su afirmación: “Los problemas de la sanidad canaria son estructurales y no coyunturales”, como se han precipitado a declarar los distintos responsables de Sanidad del Gobierno regional en los últimos tiempos de crisis económica. Hasta qué punto entonces, la no existencia de una misión estratégica podría estar afectando al grado de satisfacción de la población general respecto al sistema sanitario.

El principal desafío socioeconómico español relacionado con la salud se basa en la reducción de costes, la mejora de la eficiencia, la mejora de la calidad de los servicios de asistencia sanitaria y el establecimiento del paciente como centro neurálgico de todo el proceso sanitario. Así, cobra mayor sentido la suscripción del plan estratégico hoy que es necesario establecer prioridades por las limitaciones presupuestarias y además con criterios técnicos, lejos de intereses particulares.

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Mendoza descarta penalizar al paciente por un uso abusivo del sistema público

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, planteó ayer “la contención de la demanda” como medida sanitaria de ahorro, pero ha descartado que ello suponga penalizar al paciente por un uso abusivo del sistema público, como podría ser la utilización indebida de los servicios de urgencias.

En un acto organizado por la Fundación Bamberg, donde la consejera pronunció una conferencia dentro del ciclo Innovación, eficiencia y buen gobierno en sanidad, Mendoza propuso como medida de ahorro para contener la demanda la receta electrónica que en Canarias supuso al cierre del pasado año un ahorro de 48 millones de euros. También abogó por concienciar al paciente de sus derechos pero también de sus obligaciones para fomentar un uso racional de los recursos.

“Se trata -dijo la consejera- de responsabilizar a la ciudadanía de su salud pero también del coste de los servicios que reciben”. La consejera exigió a los responsables políticos “madurez”, recordó que los “calendarios políticos” son “cortos y limitados” para cualquier reforma de calado que se quiera imponer y se ha mostrado convencida de que “hay que sacar la sanidad del debate electoralista”.

Insistió en un “no rotundo” al copago, tanto farmacéutico como de las prestaciones sanitarias, y recordó que esta medida “no ha demostrado eficacia en ningún territorio”.

Así, la consejera Brígida Mendoza comentó que pedir más esfuerzo a las rentas más bajas y a los enfermos “rompe la equidad”.

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