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La señora presidenta > Francisco Pomares

La presidenta consorte de Canarias, doña Ángela Mena, volvió ayer a pasar por los tribunales, pero esta vez no como demandante, sino como acusada. La señora de Rivero está imputada por acoso laboral, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, por su actuación en relación con una funcionaria del Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, del que la señora de Rivero fue responsable de 2007 a 2011, en su calidad de concejala del Ayuntamiento chicharrero. La funcionaria denunciante ha reportado que fue reiteradamente vejada en su centro de trabajo, siguiendo instrucciones de la responsable de éste, ninguneada en sus competencias hasta “quedar mano sobre mano, sin trabajo alguno”, y que incluso se la obligaba a mostrar el contenido de su bolso al entrar y salir del centro, sin que se sometiera a esta práctica ningún otro trabajador del centro, y sin que las leyes y reglamentos municipales la amparen. La acusación no sólo plantea la existencia de ese nuevo delito tan de moda ahora que es el mobbing, y el resto de las imputaciones ya aceptadas por el juez. También acusa a Mena de un cuarto delito, tráfico de influencias, que intentará probar en el juicio.

El juicio se produce coincidiendo con un momento en el que la pareja presidencial está siendo sometida a una gigantesca operación mediática, protagonizada casi en exclusiva por el periódico El Día, con el objetivo evidente de destruir el crédito humano y político del presidente Rivero y de su esposa. Las chirigotas sobre la honestidad de la mujer del César, los papeles consulares mexicanos que no acaban nunca de aparecer o las comparaciones del entorno de Rivero con la corte imperial de los zares se mueven entre el mal gusto y el insulto sistemático, pero se han convertido en una lluvia fina persistente y dañina.

Informar sobre las acusaciones y el proceso judicial contra Mena, no es sumarse a ninguna campaña, sino cumplir con la obligación de contar lo que ocurre. Una obligación inexcusable cuando se trata de actuaciones judiciales que afectan además a alguien de especial relevancia, no por ser la mujer del presidente del Gobierno (que también), sino sobre todo por haber elegido voluntariamente situarse bajo los focos y conciliar un trabajo político y una actividad económica a la sombra de su marido.

Ángela Mena tiene el derecho a un juicio justo, como todo hijo de vecino, y a no ser laminada públicamente sin posibilidad de respuesta. Pero los ciudadanos también tienen derecho a saber si abusó de su posición de poder y se excedió con una empleada. En el equilibrio entre esos dos derechos se sitúa el trabajo de los informadores. Ni campañas miserables, ni silencios vergonzantes. Informar. Y que los tribunales juzguen.