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La transparencia, a debate

El seminario sobre la administración pública se celebrará el martes y miércoles en Zaragoza. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El anuncio de Mariano Rajoy de que impulsaría la transparencia de las administraciones públicas en sus relaciones con la sociedad no pilló por sorpresa al Gobierno de Canarias, que ya había sentado las bases con la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, de 2010. Garantizar la información en los procedimientos que promuevan, desarrollen o tramiten las administraciones y establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas son algunos de sus objetivos.

Esta experiencia acredita al director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Pedro Ramos, para intervenir en el seminario internacional Debates para una calidad democrática, que se celebrará los días 24 y 25 de abril en Zaragoza.

Si se cumple el calendario, España dejará de ser en junio el único de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carezca de una ley de acceso a la información pública, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre.

Ramos atribuye esta situación a “cierta incertidumbre y falta de claridad de criterios en las administraciones públicas acerca de entregar determinados datos a la ciudadanía”. A su entender, “persiste la creencia de que cualquier información de carácter oficial, puede atentar contra la ley de protección de datos de carácter personal”.

Todos los niveles de la Administración Pública se verán afectados por los principios de publicidad activa y de derecho a la información, recogidos en este texto normativo. También se les aplicará a las empresas y fundaciones del sector público, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social, así como a las instituciones autonómicas análogas, entre otros actores.

En el plazo de quince días del proceso de consultas, se registraron 3.600 sugerencias al anteproyecto, aprobado el 23 de marzo. Entre las numerosas alegaciones, hay una muy repetida: que la Corona no quede excluida del ámbito de aplicación de la ley. Pedro Ramos observa una serie de déficits democráticos, que se apartan de lo que promulga la Constitución como propios de una democracia.

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Del 1 al 100

En el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (Incau), que elabora la organización Transparencia Internacional-España, Canarias sale relativamente bien parada. Obtiene puntuaciones altas en casi todos los apartados.Donde peor nota recibe es en la transparencia económico-financiera. En este capítulo ocupa el puesto número 14, compartido con la Comunidad Valenciana. En una escala de 1 y 100, Canarias está con 29,9. Por el contrario, Andalucía y la Región de Murcia llegan al 82,4, con una media nacional de 48,8.

En cuanto a la transparencia en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, las Islas (61,5) solo superan, empatadas con Cantabria, a la Comunidad Valenciana (8,5). En cabeza figuran Castilla y León y Cataluña, con 100. La media de España es de 82,8..

Sin embargo, el Archipiélago supera la media (83,3) en lo que respecta a las relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Otras cinco comunidades también se anotan un 89,5. Castilla y León, Cataluña y La Rioja se llevan la palma, con 94,7.

La valoración del área de las contrataciones de servicios y suministros (65,4) da a Canarias 87,5 puntos.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción.

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