DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
Las dos universidades públicas de Canarias, la de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), han mostrado su disconformidad con el Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado por el Gobierno del PP y publicado el 21 de abril, por el cual se incrementan las tasas de matrícula, se modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario, además de afectar al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias. Los dos rectores, Eduardo Doménech (ULL) y José Regidor (Ulpgc), en una nota de prensa, criticaron dicho decreto “tanto la forma, puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las universidades, como el fondo, dado que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública”.
Doménech y Regidor consideran que el incremento en la actividad docente que ahora se establece RD es “poco significativo” en relación con la pérdida de potencial investigador y de profesionales que “tanto cuesta formar”. “Tendrán que pasar muchos años para poder recuperar el actual nivel de calidad de los enseñantes y, consecuentemente, de la enseñanza”, señalan en la nota.
Aumento de tasas
Sobre las becas, ambos rectores opinan que resulta evidente que el incremento general de las tasas de matrícula, “sin una política adecuada de becas, supone una ruptura del concepto de universidad pública contemplado en la Ley Orgánica de Universidades, que consagra el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación reconocido constitucionalmente”. “Como consecuencia, esta medida puede dificultar, e incluso impedir, el acceso a la educación superior de los estudiantes canarios cuyas familias tengan menores recursos económicos”.
En cuanto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación,criticaron que no se haya tenido en cuenta la diversidad de actividades que desarrolla el profesorado universitario asociadas a la investigación (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia…), que se evalúan de manera muy diversa en cada rama de conocimiento.
Doménech y Regidor piden al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que, junto con la Conferencia de Rectores, estudie las “gravísimas consecuencias” que tendría la aplicación de las medidas del Real Decreto en las universidades públicas españolas, que se traducirían en “un retroceso en los actuales niveles en investigación, del que el país no se recuperaría en muchos años, y en un descenso en la calidad de la docencia que está ligada a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior”.