EFE | Madrid

Como cada primavera, los cientos de miles de alumnos de las universidades públicas están pendientes en estos momentos de cuánto más tendrán que pagar el curso próximo por los estudios, y temen que este año la subida sea mayor de lo habitual en los últimos años, con lo que volverá la polémica sobre esta cuestión.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, preside esta tarde la Conferencia General de Política Universitaria, en la que tratará con los consejeros autonómicos una revisión al alza de los precios públicos que abonan los estudiantes por las titulaciones.

El Gobierno quiere flexibilizar la legislación para que las comunidades que lo necesiten puedan subir los precios, que será una responsabilidad final de las administraciones autonómicas, según ha dicho hoy la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio.

En los últimos años, el acuerdo entre el Gobierno y las CCAA consistía en que las tasas subieran cada curso el incremento del IPC interanual de marzo y hasta cuatro puntos más, según decidiera cada comunidad, así como el Ministerio en el caso de la UNED.
Aparte está lo que se paga por los posgrados y los recargos que abonan por segundas y sucesivas matrículas de créditos no aprobados en la primera convocatoria.

La presidenta del a Conferencia de Rectores (CRUE), Adelaida de la Calle, se ha manifestado partidaria de que los repetidores sufraguen en una proporción cada vez mayor los estudios.

Las administraciones han insistido en que lo que pagan los alumnos tan sólo significa entre el 15 y el 20 por ciento del coste real de cada plaza universitaria, mientras que prácticamente todo el resto de la financiación procede de las transferencias públicas.

Según fuentes ministeriales, se trataría de aumentar la proporción de financiación de la universidad pública que corresponde a los alumnos.

En el curso académico 2011-2012, las tasas que abonaron los alumnos de las universidades públicas de media por sus estudios en primera matrícula subieron por encima de la inflación en ocho autonomías, sobre todo en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde se incrementaron más del doble del IPC interanual.

Ese incremento fue, por término medio, del 4,4 por ciento en los centros públicos. En las universidades privadas, cada institución establece libremente sus tasas.

Tradicionalmente los precios de los estudios universitarios en España han sido motivo de controversia entre asociaciones de estudiantes, de padres y la administración.

Entre las sucesivas subidas, destaca la del curso 1989-1990, el primero que incluyó el sistema de tasas por crédito -cada asignatura estaba dividida en créditos de diez horas-. Ese curso las tasas ascendieron entre el 6,5 por ciento y el 20 por ciento.

Tres años más tarde, coincidiendo con la implantación de nuevas titulaciones, la subida se concretó en un 12 por ciento de media, de tal forma que el precio de las distintas carreras osciló ente 330,56 euros (55.000 pesetas) y 528,89 euros (88.000 pesetas), considerado insuficiente respecto al coste real, según la administración.

En la calle la medida desencadenó manifestaciones en todos los centros de educación superior y el rechazo de alumnos y familias.

A partir de 1996, año en que culminó el traspaso de competencias universitarias a todas las comunidades autónomas, los ingresos procedentes de las tasas descienden, según el informe “La universidad española en cifras 2010″, elaborado por la CRUE.

Entonces, los ingresos por tasas representaban el 12,11 por ciento del total de la financiación neta universitaria, mientras que en 2008 fue del 6,39 por ciento, prácticamente la mitad.

En ese período también se consolidó un desequilibrio entre la oferta y la demanda de carreras: la primera creció un 43,4 por ciento y la segunda bajó un 15,1 por ciento, según la CRUE.

El director de este documento, Juan Hernández Armenteros, llegó llamar “fiebre” el aumento de la oferta de títulos.

En estos momentos el sistema está formado por 79 universidades (50 públicas), con 236 campus, que ofrecen en conjunto 2.431 grados, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados, una vez implantado el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según cálculos oficiales, son 1.486.000 alumnos de primero y segundo ciclos y de grado este curso, de los que el 87 por ciento están matriculados en centros públicos.

El informe universitario citado indica que el 42 por ciento de las enseñanzas tuvieron menos de 50 alumnos de nuevo ingreso en el curso 2008-2009; y el abandono universitario llega al 30 por ciento del alumnado, lo que implica “tirar” 3.000 millones de euros, según el Ministerio.