DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Los alrededor de 62.000 empleados de la Administración autonómica de Canarias verán recortada la paga extraordinaria de diciembre, lo que reportará 65 millones de euros. A los 3.446 no fijos (temporales e indefinidos por sentencia) se les reducirá además la jornada laboral -en un porcentaje por determinar- con la consiguiente disminución de la masa salarial. Eso es lo que pretende el Gobierno regional para evitar despidos masivos.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ofreció ayer a los sindicatos un pacto por el empleo público. La cita de Las Palmas de Gran Canaria fue una toma de contacto previa a la reunión de la mesa de la función pública de mañana. Ahí se pondrán boca arriba medidas concretas para afrontar el obligado ahorro de 800 millones de euros como consecuencia de los ajustes introducidos en los presupuestos generales del Estado.
Fuentes del Ejecutivo detallaron que a los funcionarios se les quitará el complemento específico y el de destino en esa paga extraordinaria: cobrarán el salario base y los trienios acumulados. Las nóminas del personal laboral experimentarán variaciones en términos proporcionales, al incluir otros conceptos salariales. Como última opción se ejecutarían despidos. “Será lo último que haga el Gobierno de Canarias”, resaltaron. “La reforma laboral solo posibilita a la Administración aplicar despidos puros y duros, no suspensivos ni temporales”, explicaron las fuentes.
En principio, los representantes de los trabajadores no rechazan la propuesta. Sin embargo, piden tiempo para negociar. “Nuestra principal preocupación es la defensa del empleo”, manifestó el coordinador del área pública de Comisiones Obreras en Canarias, José Ramón Barroso. “Transmitimos nuestra opinión de que los despidos no revitalizan la economía, por lo que habrá más dificultades para salir de la crisis. Y tampoco se garantizarían los servicios públicos”.
Tras el Consejo de Gobierno del sábado, que previsiblemente aprobará el anteproyecto de ley, las partes dispondrán de un mes para intentar alcanzar un acuerdo. “Le hemos solicitado al Gobierno”, reveló Barroso, “que se luche conjuntamente para modificar el sistema de financiación autonómica, y que Canarias no siga siendo la hermanita fea”.
Asimismo, emplazaron al Ejecutivo de Paulino Rivero (CC-PSOE) a que recurra ante el Tribunal Constitucional los reales decretos ley sobre educación y sanidad “por si atentan contra derechos básicos o invaden competencias de las comunidades autónomas”.
Un tercer aspecto es que los cargos políticos y los directivos de las empresas públicas contribuyan al esfuerzo colectivo. “No se puede admitir que solo paguen la crisis los que menos cobran”, apuntó Barroso.
“El gran reto es no prescindir de empleados públicos”, declaró el consejero. “Frente al fomento del paro que practica Mariano Rajoy”, dijo Spínola, “nosotros apelamos a un nuevo sacrificio de los trabajadores para no agravar el drama”.
Entretanto, prosigue la discusión de los planes de viabilidad de las sociedades mercantiles. La presentación del de la televisión autonómica se ha pospuesto.