JOSÉ LUIS CÁMARA-AGENCIAS | Santa Cruz de Tenerife-Madrid
El copago, al menos farmacéutico, ya está aquí. Con menos virulencia de lo esperado, pero con la amenaza de ir abriéndose paso entre las reformas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció lo que era un secreto a voces. Los pensionistas deberán abonar un 10% de su valor, con un tope de ocho euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera ese límite.
Mientras, los trabajadores activos seguirán pagando el 40% de las recetas si ganan menos de 18.000 euros, pero verán elevada su aportación al 50% si superan esa cantidad y hasta el 60% si pasan de 100.000. Los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada. Así lo confirmó Mato al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. El plan será aprobado mañana en el Consejo de Ministros.
La ministra también informó de otras medidas aprobadas en la reunión. Entre ellas, la modificación de la normativa “para acabar con el turismo sanitario y los abusos de extranjeros que viajan a España para beneficiarse del sistema de salud”. También se reformará la Ley de Extranjería para garantizar que todas las personas que acceden a la prestación viven y trabajan en el país.
Otra acción será la creación de una cartera única de prestaciones sanitarias común para todo el territorio. “En ninguna comunidad podrán ofrecer prestaciones que en otro territorio no se prestan”, denotó Ana Mato. La ministra también informó de una nueva “cartera secundaria” que unifique la asistencia farmacéutica o los transportes no urgentes, que deberán ser revisados. Además, se impulsarán medidas para rebajar el precio de los medicamentos y reducir el gasto farmacéutico, y se pedirá un esfuerzo a la industria “para que no haya más pastillas de las necesarias en las cajas de medicamentos”. La ministra de Sanidad anunció además la creación de una central de compras única de medicamentos, “que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar seis millones de euros”.
Se pondrá también en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que además no hará falta ir al médico a renovar las recetas y el historial médico será también compartido. Por otro lado, se creará el Fondo de Garantía Asistencial, que solucionará los problemas de personas que viven en los límites de las comunidades y evitará problemas de asistencia.
Tras la reunión, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, dejó claro que “hemos estado, estamos y estaremos siempre rotundamente en contra del copago, por entenderlo socialmente injusto para todos los canarios y canarias”. Mendoza reiteró el interés y la necesidad de que Canarias “conozca cuanto antes el alcance sobre cómo le va a afectar la reducción de 13% del presupuesto del Ministerio; sobre cómo le va a afectar el anuncio por parte del Gobierno de España de un recorte de 10.000 millones de euros en áreas sociales y también sobre cómo nos van a afectar los ajustes en fondos de cohesión”.
Rivero pide justicia
Por su parte, el presidente canario, Paulino Rivero, señaló que “un sistema donde aporte en proporción a lo que cada uno tenga de renta, es mucho más justo que un sistema donde todo el mundo tenga que pagar por igual. Es decir, ahora lo que hay que pulir quiénes son los que pueden contribuir”. “Yo creo que hay otras políticas que el Gobierno no está haciendo que pueden suponer un mayor ahorro sin tener que afectar, por ejemplo, a los pensionistas”, concluyó Rivero.
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Las claves
Copago farmacéutico. Los jubilados tendrán que pagar ahora el 10% del precio de los fármacos. Habrá un tope de 8 euros mensuales para las pensiones por debajo de 18.000 euros anuales, y de 18 euros al mes, para los pensionistas que cobran más de 18.000 euros.
Trabajadores en activo. A partir de ahora, los que ganan más de 18.000 euros al año pagarán un 50%, los que ganan menos de esta cifra, un 40%, y las rentas más altas (más de 100.000 euros anuales), un 60%. Quedan exentos de este sistema los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación por desempleo y los que reciben una renta de inserción.
Tarjeta sanitaria única. En un microchip insertado en la tarjeta figurará la información fiscal de cada uno de los ciudadanos, que tendrán que presentarla a la hora de obtener sus recetas. El paciente presentará la tarjeta en la farmacia y ésta indicará lo que tiene que pagar. En el chip no se grabarán datos personales, porque esto vulneraría la Ley de Protección de Datos.
Cartera de servicios. Se va a revisar con el objetivo de que no haya diferencias entre comunidades autónomas. Unos grupos de trabajo creados ad hoc estudiarán las prestaciones incluidas en la cartera básica de servicios con la idea de crear varias categorías: servicios básicos, servicios complementarios, etc. En este sentido, se van a mantener los tratamientos de fertilidad y las operaciones de cambio de sexo.
Turismo sanitario. Los extranjeros que vienen a España a operarse cuestan más de 1.000 millones de euros al año. Por ello, el Consejo Interterritorial decidió trasponer una ley del Parlamento Europeo para restringir el turismo sanitario de algunos de nuestros vecinos comunitarios.
Compras conjuntas. El Gobierno quiere impulsar el proyecto de compras a gran escala que inició el PSOE, para conseguir el mejor precio de tratamientos y productos a través de una central que realice todas las adquisiciones. Además, se quiere ahorrar entre 3.000 y 3.500 millones con la bajada del precio de los genéricos.
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