J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Los españoles también se verán directamente afectados por la decisión gubernamental de recortar el presupuesto en sanidad. Además de la implantación del copago farmacéutico para los pensionistas y la elevación del dinero que pagan los trabajadores en activo por las medicinas, se establece que los usuarios abonen por las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas y collarines) por el transporte sanitario no urgente y por productos dietéticos. Igualmente, las personas mayores de 26 años que nunca hayan cotizado deberán acreditar falta de ingresos para poder recibir atención gratuita.

La reforma sanitaria apareció el martes en el Boletín Oficial del Estado con sorpresa. Una novedad extraña y que se centra en el acceso sanitario en España. No es sobre los extranjeros, que eso ya se esperaba, se contempla y se regula, sino sobre los propios ciudadanos españoles. El Ministerio de Sanidad quiso aclarar quién puede acceder a los servicios y lo que hizo fue generar más dudas. El real decreto modifica la condición de asegurado que recogía la Ley 16/2003. En esta última, se resumía en tres palabras quién tiene acceso a la sanidad pública: todos los españoles. Ahora, eso cambia.

La condición de asegurado la tienen todos los trabajadores por cuenta ajena o propia, pensionistas, ser perceptor de una prestación periódica o parado. También tendrán esta categoría los cónyuges o “persona con análoga relación de afectividad”, excónyuges a cargo del asegurado y los hijos que sean “menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado o igual al 65%”.

Pero, ¿qué pasa con los mayores de 26 años que ni trabajan ni estudian? El Gobierno sólo ha aclarado que “podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos reglamentariamente”, al igual que muchos extranjeros de la Unión Europea, Noruega o Suiza. Es decir, que una persona que no trabaja ni estudia, o que es un opositor deberá demostrar ante Sanidad con una declaración de la renta o un documento similar que no gana el suficiente dinero para tener tarjeta sanitaria propia. Pero no dice nada más, aunque el Ministerio sólo se limitó a aclarar, posteriormente, que la cobertura total para todos los españoles está asegurada.

El Real Decreto, por último, apuesta su mayor capacidad ahorradora a una nueva vuelta de tuerca para los laboratorios farmacéuticos y aprovecha para exigir a las comunidades autónomas el equilibrio presupuestario antes de ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en las carteras comunes establecidas.