La última semana del mes de marzo ha sido pródiga en acontecimientos de gran calado político, dentro y fuera de Canarias. Desde las masivas protestas contra las prospecciones a las elecciones en Andalucía y Asturias, pasando por la huelga general del 29 de marzo, así como por la presentación de los muy restrictivos, antisociales y anticanarios Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. En muchos de esos acontecimientos se ha podido percibir, con distintas características, con importantes apoyos, el cuestionamiento de las políticas que viene aplicando el Gobierno de Rajoy. En relación a los PGE el Ejecutivo central persiste en sus equivocadas políticas económicas y en su maltrato al Archipiélago.

En primer lugar, quiero referirme a esas multitudinarias manifestaciones del sábado 24 en Canarias contra el inicio de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las Islas, las más numerosas en Lanzarote y Fuerteventura de nuestra historia reciente. Unas movilizaciones, con gran presencia de gente joven, que han servido para cuestionar las formas con que el Ministerio las ha puesto en marcha: sin adecuada información, sin consenso ni respeto institucional con el Archipiélago, sin plenas garantías de protección al medio ambiente, a la enorme biodiversidad marina de Canarias. Y, asimismo, sin que se garantice la seguridad del modelo turístico que constituye hoy el eje de nuestra economía; y que lo seguirá siendo en el futuro.

Se equivoca el PP al minusvalorar que decenas de miles de canarios de las diferentes Islas cuestionen su manera precipitada, acelerada y autoritaria de imponer una decisión tan relevante, pasando por encima de la opinión de la ciudadanía y de sus representantes. Y dando la impresión de que hay mayor preocupación por los intereses de Repsol que por esta tierra y el bienestar de su gente.

Urge volver a la senda de la que nunca debió salirse; ofreciendo una información rigurosa y contrastada sobre los pros y contras de las prospecciones; indicando qué gana y qué pierde Canarias con una hipotética extracción futura; qué beneficios le corresponden al Archipiélago y cuáles son los riesgos, y sin estos son asumibles o no. Y, después de que se cubra esa fase, debe ser Canarias la que decida si merece la pena o no meterse en semejante berenjenal.

Elecciones

Dos citas electorales, en Andalucía y Asturias, producían un auténtico seísmo político el domingo 25. Animados por su arrase el 20-N y por lo que predecían las encuestas, el PP aspiraba a una sólida mayoría absoluta en la Junta y a mejorar notablemente sus posiciones en el Principado, pintando prácticamente de azul casi la totalidad del mapa autonómico, con la excepción de País Vasco, Cataluña y Canarias. No lo logró.

En Andalucía, con todo a favor tras treinta años de gobiernos socialistas, los nueve puntos de diferencia a favor de los conservadores en las recientes elecciones generales, la crisis de los ERE y la propia y profunda crisis del PSOE en Andalucía y en España, el PP volvió a pinchar. Su victoria por apenas un punto, la amplia mayoría en escaños y en votos que suman las organizaciones progresistas, PSOE e IU (que duplicó sus escaños), le van a dejar, con toda probabilidad, nuevamente en los bancos de la oposición. La pérdida por parte del PP de 420.000 votantes en apenas cuatro meses es un dato muy significativo y que les debiera hacer reflexionar.

Sus políticas económicas, su agresiva, injusta y desequilibrada reforma laboral, sus recortes de derechos sociales y sus medidas de debilitamiento del sector público, comienzan a ser contestadas cuando apenas llevan cien días al frente del Ejecutivo central. Porque en Asturias sucedió otro tanto en sus comicios adelantados.

Aumentan los escaños de las izquierdas, mientras el PP se estanca pese al retroceso del Foro de Álvarez Cascos y se tiene que conformar con ser tercera fuerza política. Tras el recuento del voto emigrante, PSOE, la fuerza más votada, e IU empatan en escaños con PP Foro, quedando a expensas de la decisión que adopte UPyD.

Junto a ello, el PP ha tenido que soportar su primera huelga general, convocada por los sindicatos ante la falta de diálogo y la extremadamente agresiva reforma laboral que se carga la negociación colectiva, facilita el despido y posibilita a los empresarios modificar unilateralmente salarios y condiciones de trabajo. Y que va a contribuir a esos 650.000 nuevos parados que el Gobierno del PP anuncia que se producirán de aquí a fin de año.

La respuesta a la convocatoria sindical ha sido muy significativa en sectores como la industria y el transporte; con menor peso en las pequeñas y medianas empresas. Significativo el descenso en casi un 20% en el consumo eléctrico durante la jornada del jueves.

En el caso de Canarias, paro muy elevado en transportes, menor en turismo y comercio, e irregular en los grandes servicios públicos, con mayor seguimiento en Educación que en Sanidad. La movilización ha estado muy condicionada por el miedo de mucha gente a que su participación pusiera en peligro su empleo, así como por no estar muchos en condiciones de soportar en sus economías el descuento de esa jornada.

Como demostró la masiva asistencia a las manifestaciones, las más seguidas de los últimos veinte años, con más de dos millones en España y más de 150.000 en Canarias.

Presupuestos

La guinda a la tarta de los despropósitos la tuvimos este viernes con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Cuentas públicas que solo cabe calificar de antieconómicas, antisociales y anticanarias. Unos PGE antisociales que se cargan la ley de dependencia y reducen las transferencias a las comunidades autónomas en materia educativa y en políticas activas de empleo, así como ofreciendo una vergonzosa amnistía fiscal a los defraudadores. Que, además, dañan la economía al dar un hachazo brutal a las inversiones públicas y las ayudas a políticas sectoriales.

Y unos PGE que suponen una agresión a Canarias. Se reduce en 65 millones de euros (16,5%) las ayudas a billetes de residentes “no peninsulares”, cantidad de la que dos tercio corresponde a nuestro Archipiélago.

Se rebaja un 62% los convenios de carreteras, lo que paralizará las obras en marcha en las Islas. Y, además, algo muy importante: las ayudas a los sistemas eléctricos insulares pasan de 256 millones en 2011 a cero euros en estas cuentas para 2012; vamos a esperar a ver si esta medida tiene consecuencias sobre los consumidores de las Islas Canarias.

El justificado malestar general ha logrado que, en las peores circunstancias, aflore una voluntad de resistencia a medidas claramente lesivas contra los intereses de la mayoría y, especialmente, contra los sectores más desprotegidos de la sociedad. Habrá que persistir en ese camino de unidad sindical, social y política, así como destacar que hay alternativa a las políticas neoliberales.

Con un retraso en el tiempo de los actuales objetivos de déficit, derivándolos hasta 2015 o 2016; con un tratamiento no especulativo de la deuda soberana, obligando a que una parte de lo concedido a la banca privada se inyecte en el sistema financiero, facilitando el acceso a créditos de familias y empresas; con una fiscalidad más progresiva y con la persecución del fraude y de la economía sumergida.

*Diputado en el Parlamento regional y presidente de Nueva Canarias