EUROPA PRESS | Madrid

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que hay más de un millón y medio de negocios fantasma que escapan actualmente al fisco en España, por lo que ha valorado positivamente el plan de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado el Gobierno.

La organización ha asegurado que la lucha contra el fraude fiscal es responsabilidad de toda la sociedad “porque para que haya fraude, no sólo tiene que haber una persona que presta un servicio de forma irregular, sino también quien lo pague”.

“En un momento como el actual, donde todos las miras de Europa están puestas en nuestro país, España no puede convertirse en un paraíso para el fraude fiscal”, ha añadido.

En cuanto a la decisión del Gobierno de prohibir el pago en efectivo en operaciones de más de 2.500 euros en las que al menos intervenga un empresario profesional, ATA la considera acertada, aunque cree que sería necesario que este tope se extendiera también a los particulares.

Además, prevé que como consecuencia de esta medida aumenten los pagos por transferencia bancaria y considera que el Gobierno y el Banco de España deberían controlar las comisiones que cobran las entidades financieras a los autónomos y las empresas por efectuar dichas transferencias.

Acotamiento del sistema de módulos

El plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Consejo de Ministros contempla también la exclusión del sistema de módulos a los autónomos, con o sin trabajadores a su cargo que facturen más del 50% a empresas y solo operará para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros (ventas menos compras) sea superior a 50.000 euros anuales.

Por ello, ATA considera que esta exclusión del sistema de módulos beneficiará la transparencia fiscal y ayudará a controlar el mal uso que una pequeña parte del sistema de módulos frente a quienes lo utilizan de manera correcta, “que son la mayoría”.

ATA estima esta medida afectará a una muy pequeña parte de los 800.000 autónomos que tributan en módulos, ya que lo que pretende el Gobierno es evitar lo que se conoce como compra de facturas entre personas que tributan en módulos y empresas.