Qué fácil resulta gobernar cuando los vientos económicos soplan a favor! Cualquier mandamás político pagaría por dirigir los destinos de una nación próspera o coyunturalmente en alto grado de desarrollo y crecimiento. Incluso así, el gobernante que quiera actuar con sentido de la responsabilidad, sabe que en todo tiempo y lugar el ejercicio de su autoridad debe atenerse a la práctica de la austeridad y la justicia. Dirigir a un país o a una colectividad es enfrentarse al reto de adoptar en cada momento las medidas más adecuadas, populares o no, para la resolución de los problemas pendientes. Hacerlo en circunstancias excepcionales o de grave crisis, como sucede ahora mismo en España, constituye además un reto añadido. Porque el político se convierte en una especie de repartidor de escaseces que nunca van a poder dar satisfacción a su destinatario último, el pueblo soberano.
Parece que ha pasado un mundo desde que ese gobernante iluso apellidado Zapatero se dedicaba, desde la burbuja virtual de su optimismo antropológico, a regalar 400 euros a todo españolito contribuyente y 2.500 en plan cheque bebé para ricos y pobres, grandes o pequeños, pues todos pasaban por el mismo rasero del igualitarismo desenfrenado y torpe. Aquellos excesos -más de dos billones y medio en sus últimos tres años de mandato-, ese no querer ver la losa de la crisis pese a tenerla encima, la pagamos hoy -con otros añadidos, todo hay que decirlo- en forma de austeridades, recortes y reformas que, según su sucesor, Rajoy, no van a parar hasta el verano. Y es que las alegrías gastadoras y populistas, las compras a plazos, ese vivir como si fuéramos millonarios sin serlo, lo estamos pagando muy caro. El Gobierno de Canarias ha tenido que meterse en harina y ha decidido apretar el cinturón a los isleños para poder recaudar varios centenares de millones de euros con los que afrontar los recortes venidos allende los mares, vía Madrid, entre rebajas salariales a todos los funcionarios (de la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos), subidas impositivas y medidas diversas. Es el precio obligado para mantener -y no en todas sus potencialidades- los servicios sociales, de educación y sanidad, que son la pieza básica de nuestro capitidisminuido Estado del Bienestar.
Así, a vuela pluma, da la impresión de que Paulino Rivero y sus consejeros se han quedado cortos en el ajuste, empezando por ellos mismos y por la estructura del Ejecutivo. Hace tiempo que deberían haberse tomado estas y otras medidas ejemplarizantes y radicales de ámbito institucional; como siempre, se prefiere esperar para echarle la culpa de todo “a Madrid”, que tiene buena parte de ella, no me cabe duda, pero aquí se ha despilfarrado en los últimos tiempos y se ha huido egoístamente de desgastes impopulares, que son los que ahora, sin que pueda evitarse, llegan porque a nadie le gusta la subida generalizada de impuestos. Una salvedad que produce alegría: los gravámenes para bancos y grandes superficies. Ya era hora de que se diera este primer paso valiente. Y a ver si se explica bien.
El propio Rey, debido a su desgobierno interior, ya que ha ido por libre en algunas ocasiones, se ha visto obligado a pedir disculpas, en un gesto histórico que le ennoblece, por su polémico viaje a Botsuana que -lo apunté hace unos días- obedecía a su amistad con un potentado sirio que intermedió para que un grupo de empresas españolas se hicieran con el contrato del siglo en Arabia Saudita: el AVE de la Meca a Medina, que costará más de 7.000 millones de euros. Su grave desliz institucional en momentos tan críticos para el país no empaña empero la extraordinaria labor de don Juan Carlos, no solo en su labor de arbitraje y moderación, a lo largo de sus 37 años de servicio a España y menos aún la legitimidad de la Monarquía, que, como revelan las más reciente encuestas de opinión, es la institución mejor valorada porque conecta con los sentimientos del país, pese a las andanzas de Iñaki Urdangarin.
No obstante, convendría abordar de una vez algunos de los papeles que competen al soberano y su real familia que están aún pendientes de desarrollo constitucional mediante una Ley Orgánica de la Corona, como el papel del Príncipe de Asturias, las eventualidades de renuncia, abdicación o inhabilitación, los posibles problemas con la descendencia o la falta de ella, la naturaleza de las actividades del soberano, la divulgación de las actividades del Jefe del Estado y su familia, etc. Visto lo ocurrido con el viaje citado -que nunca se anunció y del que nada se habría sabido de no mediar el accidente de cadera del Rey-, una política de transparencia, incluidas las cuentas del Palacio de la Zarzuela, sería el mejor antídoto contra cualquier tentación ocultista, dentro del máximo respeto al derecho a la intimidad del monarca. Los usos y costumbres mantenidos hasta ahora se han revelado inadecuados, pese al afán de claridad iniciado tras los presuntos escándalos del yerno de Su Majestad y de su nieto Froilán. Todo lo que sea evitar las zonas oscuras y difundir las actividades del Jefe del Estado y su entorno contribuirá a acercar la familia real al pueblo y a fortalecer a la institución. Este afán de transparencia falla también, y de qué manera, en el comportamiento de Rajoy y su Gobierno. Han debido caer en la cuenta cuando el PP se ha apresurado a comunicar, urbi et orbi, una intensa campaña de divulgación de la política del Ejecutivo central y de los porqués de los recortes y otras medidas impopulares, que entran en contradicción con las promesas electorales. En todo caso, es al Gobierno, no al PP, al que le corresponde aclararse y explicarse si no quiere que el deterioro y el desprestigio ante la opinión pública sigan haciendo cosecha a pasos agigantados. Los acuerdos que adopte el Gobierno estarán siempre cojos y bajo sospecha si no se trasladan a los ciudadanos en tiempo y forma; no es cuestión de técnica ni de marketing, que ya tuvimos bastante con Zetapé y por eso estamos donde estamos, sino de pura entropía y comunicación didáctica con el pueblo soberano. No parece normal que Rajoy se oculte en casa y prefiera hablar fuera, o que algunos ministros se contradigan entre sí o con dirigentes del propio partido. Todo ello desconcierta, siembra dudas e incredulidades y pone en tela de juicio a todo el entorno del presidente y de la dirigencia popular. Un ejemplo de cuanto digo lo tenemos en el repago o copago de medicamentos con arreglo al nivel de renta, sobre el que se han vertido dudas y contradicciones desde el propio PP y desde el Ejecutivo, y sobre la autorización para la subida del precio de las matrículas (entre un 15 y un 25%) en las universidades públicas, cuya aplicación concreta queda en manos de éstas y de las comunidades autónomas, a fin de poder reducir los déficit de éstas. Sobre este última aspecto conviene apuntar, de entrada, que las tasas de matrícula españolas son las más bajas de Europa y apenas cubren el 15% del costo real de la enseñanza. Parece lógico que se efectúe esa revisión al alza, pero a condición, claro está -no como se ha hecho ya-, de que se incrementen las becas, de modo que no se abandone ningún talento y que quienes menos tienen no pierdan la oportunidad de ingresar en la universidad. El recargo a los alumnos repetidores y la eliminación de las titulaciones con menos alumnos -entre 40 y 50 por grupo- son a su vez consecuencia natural de la racionalidad económica. Y todo ello, al margen de los graves problemas estructurales de la universidad española, que serán abordados aparte.
En cuanto al repago de los medicamentos, dígase lo que se quiera, una vez más los más débiles, es decir, pensionistas y asalariados, son quienes pagan el pato. No sé si esta medida contribuirá a aligerar los costos de la sanidad española, que tiene un déficit de 16.000 millones de euros y hoy por hoy no es sostenible; lo que sí siembra dudas es el modelo que se pretende utilizar para el pago de los fármacos, que no se aplica en ningún país del entorno español, dada su complejidad. Si además hay que volver a cambiar la tarjeta sanitaria y cruzar datos con Hacienda sin violar la privacidad, no veo cómo puede salir adelante el acuerdo gubernamental, en el que también influyen razones demográficas, sociales y de corte de los “abusos deliberados” por parte de unos 700.000 familiares de extranjeros y extranjeros que residen en España y que, según el Tribunal de Cuentas, le suponen al Estado un desembolso anual superior a los mil millones de euros.
En este contexto hay que situar la decisión gubernamental de poner coto a los excesos de la inmigración en general, para lo que se exigirá una clarificación en los trámites, de modo que el empadronamiento no sea el único requisito para recibir asistencia sanitaria. La idea es que, aparte la elemental asistencia en los centros de salud, que no se negará a nadie sea cual fuere su nacionalidad, sólo se beneficien de la sanidad patria “quienes tienen residencia fiscal en España, trabajan con nosotros y pagan aquí sus impuestos”, en palabras de la ministra Ana Mato.
El pago por consulta, visita a especialista o adquisición de medicamentos está normalizado en Europa Occidental, aunque los importes varían sensiblemente, lo mismo que la imputación del precio, que en unos casos es por renta y en otros por situación laboral. En estos países tales pagos produjeron con su implantación un efecto a la baja tanto en las consultas y en las hospitalizaciones como en la compra de fármacos. Según el Ministerio español de Sanidad, el gasto público en recetas alcanzó el pasado año los 11.136 millones de euros y el gasto medio de cada pensionista llegó a 980 euros. La última encuesta del CIS revelaba que algo más del 86% de los españoles cree que los problemas de la sanidad pública son muy graves, en tanto el 60% se muestra a favor del copago sanitario en función de la renta.
Esta medida aprobada por el Consejo de Ministros abre camino a otras de mayor calado para mejorar el sistema nacional de salud y procurar su sostenibilidad y eficiencia. Para tal fin se propondrá, entre otras cosas, la revisión de la gestión del sistema, el control del gasto, la mejor aplicación de las nuevas tecnologías y la actualización de la cartera de servicios básica y obligatoria para todas las comunidades autónomas. En cuanto a la siempre loable Ley de Dependencia, que se llevaba el 61% del presupuesto sanitario, ha sufrido severos ajustes en sus principales partidas debido a la crisis económica.