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Negociación y transparencia, que los ciudadanos esperan > Leopoldo Fernández

El ciudadano medio ya es consciente de la gravedad de la crisis económica y de la situación de emergencia que vive el país. Y está preparado para sacrificios rigurosos y duraderos ante la amenaza real de intervención, si no se tuerce pronto el sesgo de los acontecimientos. Esta misma semana, tres datos han sido particularmente negativos: el bajón de las bolsas, el aumento de la rentabilidad en la subasta de los bonos a cuatro años y la subida de la prima de riesgo hasta los 407 puntos. Todo un lastre para la recuperación económica por el alto precio que ha de pagar el Estado para poder financiarse.
El reconocimiento de que los Presupuestos Generales se han elaborado pensando más en Europa que en España añade un factor negativo a la crisis, ya que el país no acaba de recuperar la confianza ni en el Viejo Continente, ni en los mercados internacionales. Las cuentas divulgadas el martes tampoco despiertan entusiasmo entre políticos y economistas, para quienes todo se sacrifica a la rebaja del déficit público y así se hace inviable la recuperación porque los tijeretazos inversores son de tal envergadura que no dan margen alguno a la mejora de la actividad económica.

Con este escenario, el país necesita que partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales acoten unos principios de acuerdo para, entre todos, afrontar con mayores y mejores garantías de éxito los grandes desafíos planteados. El diálogo es siempre el mejor camino para resolver los problemas, sin restar un ápice de poder ni de legitimidad democrática al Partido Popular, que ganó holgadamente las elecciones por mayoría absoluta -lo de Andalucía y Asturias es otra historia que no se puede traer a colación- y que tiene un mandato del pueblo español para afrontar la crisis y tratar de combatirla con las medidas que fijó en su programa electoral.

Pero, el PP no ha podido cumplir algunas de sus promesas sobre subidas de impuestos, recortes y amnistías fiscales. La necesidad de emprender reformas urgentes que nunca se quisieron realizar desde el Poder en los últimos años, porque conllevan un alto grado de impopularidad, y la terrible herencia recibida tras el último mandato de Zapatero -en especial un déficit público muy superior al esperado-, puede que justifiquen medidas excepcionales; pero, como apunté hace unos días, el PP tiene un grave problema de comunicación con los españoles. No se trata de que se aproveche de los medios de comunicación social públicos para vender las presuntas bondades de sus políticas o la imposibilidad de hacer otras distintas. La cuestión radica en que los ciudadanos tienen derecho a conocer el porqué de las rectificaciones del Gobierno, las razones de que estemos como estamos, las alternativas que se ofrecen al país y los motivos de que se elijan unas políticas y no otras.

Es cierto que algunos ministros y otros dirigentes populares se explican en Congreso y Senado sobre asuntos de su competencia, y que con cierta frecuencia realizan declaraciones sobre cuestiones de actualidad, pero se echa de menos la presencia de Mariano Rajoy en TVE y RNE -en horario de máxima audiencia y con periodistas especializados-, para decirle al país lo que éste necesita escuchar. Sus manifestaciones, casi siempre muy atinadas, ante órganos dirigentes de su partido o en actos privados, no constituyen en modo alguno una proclama al uso en un país democrático serio. Se ha dicho que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, y si eso vale para la economía, es imprescindible para la política, donde las formas cuentan tanto como el fondo. Porque se extiende la sensación de que el presidente Rajoy prefiere esconderse y escurrir el bulto a dar la cara, lo cual desconcierta y defrauda porque el ciudadano lo que desea es conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la situación general del país. Quiere un baño de realismo y, si fuera posible, de confianza en el futuro. Del jefe del Gobierno cabe esperar liderazgo, sinceridad, cercanía, capacidad de persuasión -eso que Zapatero llamaba impropiamente talante-, grandeza y sentido de la responsabilidad. Como apunta Shakespeare, “cuando vemos que un superior comparte nuestras miserias, estas miserias ya apenas nos parecen enemigos”.

Desconozco si Rajoy ha calibrado la trascendencia que sus silencios tienen para la ciudadanía, porque del acierto o no en su gestión reformista dependen tantas cosas… ¿Por qué no procura sumar a su causa, que es la de todos, las voluntades de otras fuerzas políticas y sociales en un intento -al menos no debe faltar el intento- por trabajar todos juntos en favor del país? No se trata de una necesidad ineludible, pero seguro que en momentos de tan grave responsabilidad el consenso resulta la mejor medicina contra la crisis. Un acuerdo plural, o al menos de las dos grandes fuerzas políticas abrazadas a él, constituiría el mejor mensaje para nuestros socios europeos y para resistir las presiones de los mercados.

En una situación compleja y muy inestable, de similar gravedad a la actual -aunque con severas tentaciones involucionistas y un terrorismo incesante-, España fue capaz, en 1977, de salir adelante gracias a los Pactos de la Moncloa, que a la postre se convirtieron en un programa de saneamiento y reforma económica y en el esbozo de un marco de derechos y libertades que un año más tarde quedaría recogido en la Constitución. Todos cedieron en beneficio de todos. Rajoy ha declarado que “sabemos lo que hay que hacer, y vamos a hacerlo” para ese gran proyecto de “regeneración nacional”. Pero, como él mismo proclama, “el progreso es siempre obra de las mayorías y del consenso”. ¿Por qué no dar entonces un paso en esa dirección, para tratar de ganar los mayores respaldos sociales, políticos y económicos? Tal vez así podrían evitarse tentaciones rupturistas y amenazas desestabilizadoras como las que estos días han surgido en Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y… Canarias.

El caso de Canarias

Esos afanes de entendimiento a que antes aludía han fallado estrepitosamente en Canarias. No es hora de buscar culpables, porque nadie está libre de errores. La cuestión se reduce a una falta de sensibilidad y respeto, los grandes ausentes desde la última campaña electoral, en que las tres formaciones políticas , y sobre todo PP y CC, se pasaron, por diferentes razones, en los ataques al adversario. Las intrigas posteriores a la hora de conformar ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico -con el pacto cantado entre CC y PSOE, por las desavenencias irreconciliables entre Rivero y Soria- hicieron el resto. Para completar este círculo infernal, el PP ganó las elecciones generales por mayoría absoluta y PSOE y CC pasaron a la oposición tras años de conchabeo político en Madrid, y Soria logró un ministerio clave para las Islas: el de Industria, Energía y Turismo. A partir de ahí, todo han sido desencuentros. Desde el Gobierno central se adoptaron, entre otras, medidas sobre tasas aeroportuarias y energías renovables, que por un mínimo sentido de la oportunidad, respeto a Canarias y conveniencia política, deberían haber sido comunicadas con antelación. Como remate final llegaron el asunto del petróleo, con su secuela de imposiciones, cambios de postura y populismos vergonzosos; los llamamientos desestabilizadores de Soria al PSOE -reiterados con tremenda irresponsabilidad esta misma semana- para que rompa con CC, y los recortes brutales en las inversiones presupuestarias que dejan a Canarias a los pies de los caballos.

Han vuelto a fallar, insisto, los diálogos, las formas y la buena voluntad. El PP está legitimado para imponer recortes y austeridades, tal es la gravedad de la situación. Pero no debe hacerlo sin un mínimo de consideración hacia singularidades y realidades que en Canarias condicionan las medidas más que en otros territorios de la nación española. Si hubiera existido voluntad política por arreglar las cosas por encima de desencuentros y desconfianzas, se debería haber convocado la Comisión bilateral Canarias-Estado o la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. No ha sido así, aunque las autoridades están aún a tiempo de rectificar y poner coto, unas, las canarias, a la serie de declaraciones agresivas y amenazas de judialización de todos los asuntos objeto de desacuerdo en los últimos tiempos, y otras, las del Ejecutivo de Rajoy, empezando por el ministro Soria, para evitar provocaciones e imposiciones por vía de hecho y en su lugar procurar un diálogo y una negociación que trate de arreglar las diferencias y sitúe a Canarias en el grado de solidaridad y justicia que merece.

Llevar algunos asuntos a los tribunales, como pretende el Gobierno de Canarias, es puro disparate y derecho al pataleo que demora las soluciones y agrava los desacuerdos. Aun ganando, que es mucho suponer, el caso del petróleo, desde Madrid se volvería a empezar el proceso administrativo y, de existir, el oro líquido sería extraído por encima de todo. Eso lo saben las autoridades canarias, como saben también que no servirá de nada denunciar al Ejecutivo estatal por la violación del artículo 95 del REF en materia de inversión pública media. Este artículo se incumple desde siempre y los sucesivos gobiernos isleños han mirado para otro lado, más aún durante el mandato de Zapatero.

Desconozco si los recortes aprobados para Canarias suman 500, 600, 700 u 800 millones; lo que sí sé es que, sea cual fuere la cifra final, incidirá inevitablemente, y gravísimamente, sobre los servicios sociales, educación y sanidad, como desde hace tiempo sabe el Gobierno autónomo. Lo que pasa es que ahora es más fácil y rentable echar la culpa de todo “a Madrid” mientras la ciudadanía sigue esperando por la urgentísima reestructuración político-administrativa de las Islas, por nuevas y más visibles políticas de austeridad y por medidas ejemplarizantes en todos los ámbitos que trasladen a la gente un mensaje de que las cosas se hacen de verdad, sin demagogias ni populismos que son pura engañifa. Aquí, en Canarias, como en Madrid, el jefe del Gobierno debe dar la cara y explicarle al país la verdad de todo lo que pasa.

No vale escudarse en nada ni en nadie. Vivimos en una sociedad transparente y cercana y, como bien apunta James Herriot, el interés general exige que en el Poder se hallen hombres bastante preparados para comprender y bastante enérgicos para enfrentarse con la opinión pública con una voluntad lúcida y firme, exigiendo siempre la autoridad y aceptando la responsabilidad.