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Nuestras incomprendidas Islas Canarias > Raquel Lucía Pérez Brito

Canarias debe consensuar una unidad económica regional. Es la única forma de depender lo menos posible de las decisiones y coyunturas en la que, históricamente, nuestra Comunidad no ha podido ni ha sabido influir. Solo hay que hacer un repaso a las grandes crisis que ha sufrido Canarias para darse cuenta de la necesidad que tenemos de autogestionar nuestras propias limitaciones. La primera gran crisis que asoló a las Canarias abarcó desde los años 1820 hasta 1850 y, fundamentalmente, fue consecuencia de la política proteccionista del Estado español, que dejó de favorecer los servicios marítimos y el sector agroexportador de Canarias. La crisis fue provocada por el Gobierno central que decidió incrementar los aranceles y se protegió la marina nacional. El resultado fue inmediato: las flotas extranjeras que atracaban en nuestros puertos se vieron obligadas a dejar el mercado canario. Esta situación se suavizó con la entrada en vigor del Decreto de Puertos Francos de 1852, que nos reconocía un hecho diferencial con respecto al resto del territorio español. En aquella época, los Puertos Francos resucitaron la economía de las Islas.

La Primera Guerra Mundial y la depresión de 1929 provocaron grandes vaivenes en nuestra economía, pero la segunda gran crisis de Canarias se produjo entre los años 1936 y 1959 y no tanto por la Guerra Civil y sus posteriores consecuencias, sino por la decisión unilateral del Gobierno central de eliminar el mercado librecambista isleño y provocar la subordinación de la política económica de Canarias a la economía de la autarquía franquista. Podemos concluir que el sufrimiento de Canarias se ha acentuado por el no reconocimiento del Gobierno central de las peculiaridades propias de una región ultraperiférica.

En estos casos es urgente definir cuál debe ser nuestra unidad económica regional o modelo productivo y, una vez alcanzado ese acuerdo por consenso social y político, garantizarlo con un Régimen Económico y Fiscal de Canarias que no se pueda considerar una ayuda de Estado en constante revisión.

Actualmente, el Gobierno central, de momento, tampoco ha diferenciado entre el sistema eléctrico insular y el peninsular y nos encontramos con legislaciones en energías renovables que no tienen en cuenta las especificidades de nuestro archipiélago. El marco regulatorio se ha diseñado, una vez más, para unas condiciones continentales donde las energías renovables son más caras que las tradicionales, mientras que en Canarias ocurre todo lo contrario.

Habrá que confiar en que el nuevo ministro canario, José Manuel Soria, conocedor de estas diferencias, sea capaz de convencer al resto del Gobierno español de que Canarias debe y tiene que tener un marco regulatorio diferenciado en cuanto al sistema energético se refiere.

Es evidente que el modelo productivo actual de nuestra isla no es suficiente. Todos estaremos de acuerdo en que es deseable, si no cambiarlo radicalmente, al menos complementarlo.

*Economista, abogada y licenciada en Ciencias Políticas / @errelu