DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Los sindicatos se movilizan contra las medidas de ajuste adoptadas por el Ejecutivo canario en el ámbito del empleo público. Después de que el Consejo de Gobierno aprobara, el pasado sábado, un anteproyecto de ley por el que se bajará los salarios de todos los empleados públicos y subirá impuestos, para “mantener los servicios esenciales y eludir los despidos masivos”, las centrales han puesto en marcha un mecanismo de respuesta que desembocará el próximo lunes, víspera del primero de Mayo, en una asamblea urgente, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. El propósito es acordar las “movilizaciones indefinidas y continuadas de rechazo absoluto de todas las organizaciones sindicales a los recortes laborales y retributivos”.
Así se decidió en una reunión por videoconferencia en la que participaron representantes de EA Canarias, SIC, Co.bas, CSC, FSOC, Sepca, IC y CSI.F. En ella también se decidió proponer los jueves como “día de lucha de todos los trabajadores, en puntos concretos que se determinarán y comunicarán oportunamente, tras la asamblea”.
En este marco de protestas, se prevén “actuaciones en la unidad sindical, de los delegados de personal y sindicales contra estas medidas”. Asimismo, en la manifestación del Primero de Mayo se escenificará “la indignación ante las decisiones políticas”.
Para hoy hay convocada otra reunión, en la isla de Gran Canaria, de las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de Empleados Públicos: Intersindical, CC.OO., Sepca y Co.bas.
Desde hace unos días se suceden las concentraciones delante de algunos centros de trabajo de la Administración. Concretamente, cada mediodía, frente a la sede de la presidencia del Gobierno autonómico. Como primera fuerza sindical en la mesa, IC exige “un cambio de rumbo en el que lo que realmente se potencie sea la protección del empleo y los servicios públicos”. Para ello, plantea una batería de cien iniciativas de “restricción del gasto en otras partidas que hasta ahora parecen intocables”. Una de ellas es la reducción de plantillas y salarios de altos cargos.
El comité regional de UGT ha emitido una resolución en la que denuncia que “el desprestigio social que se ha ido fabricando en contra de los empleados públicos y sus delegados sindicales ha abonado el terreno para estos golpes de gracia”.