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Piden 2 años de prisión a guardias civiles acusados de torturar a un detenido

EFE | Valencia

El Ministerio Público solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para dos agentes de la Guardia Civil a los que acusa de torturar en enero de 2008 a un hombre que supuestamente robó una cartera en un centro comercial de Alboraya (Valencia).

Además, solicita para un vigilante jurado del centro, al que imputa como cómplice de los hechos, una condena de nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación.

Los hechos sucedieron en enero de 2008 cuando los dos guardias civiles acusados, destinados entonces en Tavernes Blanques, acudieron al aviso del vigilante jurado, que había retenido a un hombre al que una mujer había identificado como el presunto autor del robo de su cartera.

Según la fiscal, de camino al puesto de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, los acusados detuvieron el turismo, obligaron al detenido a descender y le golpearon repetidamente con una porra, además de amenazarle, insultarle y vejarle.

Los guardias civiles han insistido hoy en que no golpearon al detenido y que “solo” uno de ellos redujo al sujeto con la porra del vigilante que les acompañaba cuando se puso agresivo en la parte trasera del vehículo, que no llevaba mampara.

La víctima no ha declarado en el juicio por hallarse en paradero desconocido, mientras que las defensas han asegurado que ha ofrecido “hasta cuatro versiones” de los hechos y “todas contradictorias”.

La vista celebrada hoy en la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia repite, a petición del Tribunal Supremo, el juicio por estos mismos hechos celebrado en 2010.

En él los procesados resultaron absueltos por falta de pruebas después de que se invalidaran las escuchas judiciales que permitieron grabar las presuntas torturas al detenido.

La invalidación se basó en que el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia había autorizado las escuchas en el marco de una operación contra el narcotráfico ajena a la causa vista hoy, pero por error no había acotado la duración de las mismas.

No obstante, el Alto tribunal ha dado finalmente por buenas las grabaciones, que formaban parte de la investigación por la introducción de un cargamento de 60 kilos de cocaína a través del puerto de Valencia con la que se relacionó a uno de los agentes que hoy se ha sentado en el banquillo.

El agente fue detenido, encarcelado y puesto en libertad después de pagar una fianza y ahora permanece en activo tras cumplir un expediente disciplinario.

En la vista de hoy, tanto él como los otros dos procesados han negado el delito de torturas que se les imputa, y han coincidido en que sólo se redujo al detenido por “necesidad”, porque “no dejaba de ofrecer resistencia y mostrar agresividad desde su arresto”.

No obstante, el Ministerio Público sostiene que los procesados golpearon al detenido y uno de los guardias civiles encargado de las escuchas a los agentes ha asegurado que en ellas oyó sobre la presunta tortura, aunque ha admitido que “no se comprobó físicamente” que los protagonistas de las mismas fueran los agentes juzgados.