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Piedra de amolar > Alfonso González Jerez

Tanto el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, como el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, han insistido en los últimos días en que los recortes en materia de inversión y transferencias de gasto en los presupuestos generales del Estado obligarán a tomar decisiones “durísimas” que afectarán a las políticas sociales y asistenciales de la Comunidad autonómica. Se han detenido ahí, y no solo porque para un dirigente político anunciar aun más sangre, sudor y lágrimas es escasamente asumible, sino porque los viceconsejeros y funcionarios técnicos de Economía y Hacienda continúan emborronando furiosamente un sudoku imposible.

Ya no se trata de apurar márgenes en los recortes de partidas más o menos prescindibles, secundarias, discutibles. No basta con paralizar la inversión pública. Los más de 800 millones amputados exigen cirugía mayor y no únicamente parches ambulatorios: meter el bisturí con fiereza en el capítulo uno. En materia de personal, hasta hace tres meses el Gobierno regional había diseñado un escenario en el que se prescindía de unos 400 trabajadores en las empresas públicas dependientes o participadas por el Ejecutivo. Pues bien: no es suficiente. Lo mismo ocurría en el ámbito de la educación pública: cierre de escuelas rurales y distribución de los alumnos en otros centros, por un lado, y por otro, denuncia de convenios de concertación con centros de carácter privado. Tampoco es suficiente. Después del verano los laborales (primero) y los interinos (después) demostrarán una comprensible intuición si comienzan a temblar. En algún papel gubernamental -se afirma- está escrita una cifra demoníaca: 3.000. El número de trabajadores en la administración autonómica que debería desmocharse para que las cuentas -más o menos- salieran este año. Y eso sin contar los cientos de funcionarios y laborales de los que tendrían que deshacerse cabildos insulares y ayuntamientos. A toda prisa. Y sin contemplaciones. Miles de ciudadanos abocados al desempleo durante el próximo año y con escasísimas posibilidades de encontrar un curro. ¿Cuántos auxiliares administrativos, economistas o abogados es capaz de absorber el mercado laboral privado en Canarias? Somos la piedra de amolar imprescindible para limpiar, afilar y otorgar brillo a los presupuestos públicos.

Felicidades a aquellos que opinan que esto se arregla suprimiendo cargos públicos y los mitificados asesores y coches oficiales: los que salivan escuchando a Esperanza Aguirre y sus estúpidas papanatadas sobre la supresión o liliputización de las administraciones autonómicas y sus direcciones políticas. Uno también hace sus cálculos, como los tiene hechos el Ejecutivo regional. Suprimiendo la mitad de consejeros, viceconsejeros y directores generales se ahorrarían un total de nueve millones de euros. Te quedan 811.