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Ramos considera “intolerable” que los fondos para el empleo se asignen sin contar el paro de cada Comunidad

EUROPA PRESS| Santa Cruz

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, considera “intolerable” que se recorten en idéntico porcentaje los fondos que se asignan a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de actuaciones de fomento del empleo y la formación, sin tener en cuenta su número de desempleados, la tasa de desempleo o su evolución en los últimos meses.

A su juicio, “resulta injustificable que se dé el mismo tratamiento en la dotación de recursos a las comunidades que tienen una tasa de paro del 16 por ciento, como Navarra, que a Canarias, donde se alcanza el 32 por ciento”.

Según la propuesta del Gobierno central en el área de Empleo, se prevé un recorte generalizado del 56,92 por ciento en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas para el ejercicio 2012.

Esta reducción tiene una enorme incidencia en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE), ya que la asignación estatal a las islas pasa de 176.465.744 euros en 2011 a solo 76.018.442 euros este año. Esto supone un descenso de 100 millones de euros para atender a un mayor volumen de personas desempleadas que las que había el año pasado.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria de Empleo, Margarita Ramos ha llamado la atención sobre el hecho de que con la asignación prevista, el Estado invierte en Canarias una media de 267,9 euros por desempleado, cifra inferior en 10 euros a los 277,6 que se invierten, de media, en el conjunto de España.

Si se comparan los datos de las comunidades, se dan situaciones tan graves como que la inversión por desempleado en Asturias, con un 20,4 por ciento de tasa de paro, es de 405 euros, 137 euros por encima de las Islas.

Castilla y León, con una asignación de 76 millones, como el archipiélago, y una tasa de paro del 19 por ciento, recibe 331 euros, frente a los 267,9 de Canarias, que recibe 64 euros menos por desempleado.

Con esta distribución ideada por el Gobierno central, Cantabria recibe 331 por persona, Galicia, 384 euros, Andalucía, 282 y Cataluña, 299 euros. Solo quedan con menos inversión per cápita que Canarias, Baleares (244,6 euros); Castilla-La Mancha (251); Comunidad Valenciana (229); Murcia (228,5) y Navarra (260). Todas ellas con tasas de paro inferiores a la del archipiélago.

Criterios de equidad

La consejera de Empleo ha asegurado que el Gobierno de Canarias es consciente de la necesidad de realizar ajustes, pero advirtió de que estos tienen que hacerse “siguiendo criterios de equidad, analizando con detenimiento la situación en que se encuentra cada comunidad autónoma, sopesando las consecuencias de cada actuación, teniendo en cuenta que estos recortes tan desmesurados se traducen en un empeoramiento clarísimo de la calidad de vida de las personas”

Además, ha recordado que se ha solicitado al Gobierno central en repetidas ocasiones que tenga en cuenta la situación de emergencia social que atraviesa el archipiélago a causa del elevado desempleo.

“No solo no se ha atendido nuestra petición, sino que la respuesta ha sido un recorte que pone en serio riesgo la cohesión social en un territorio fuertemente golpeado por la crisis”, ha lamentado.

Ante esta situación, la consejera de Empleo anunció que reiterará a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, su solicitud para mantener una reunión en la que se aborde este reparto de los fondos, que, según explicó, “va en contra del artículo 14 de la Constitución Española y la doctrina referente a la aplicación del principio de igualdad”.

100 millones menos

Margarita Ramos ha apelado también a la responsabilidad de todos los grupos con representación en la Cámara regional para alcanzar un acuerdo que permita actuar en bloque contra una “gravísima reducción” que “arrebata” cien millones de euros a las islas.

Según la consejera, esta cantidad permitiría la puesta en marcha de políticas de empleo con las que dar oportunidades a quienes “no tienen trabajo” y paliar la situación en la que se encuentran muchas familias en el archipiélago, “en cuyos hogares no entran ingresos”.