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Redondo desecha la necesidad “urgente” de subir los impuestos

Imagen de archivo del presidente del CES, Fernando Redondo, durante una comparecencia para dar a conocer un sociobarómetro. | DA

Y. R./D. N./B. A. | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Fernando Redondo, no ve la urgencia de subir ya los impuestos en Canarias para contrarrestar los recortes de los presupuestos estatales. Redondo apeló a la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma al tiempo que coincidió con Comisiones Obreras (CC.OO.) en priorizar la reducción de unas exenciones fiscales, cuyas previsiones para 2012 ascienden a 919,4 millones de euros. Para la central sindical, el Impuesto General Indirecto (IGIC) “hay que tocarlo” para obtener beneficios de los 12 millones de turistas que llegan al año a las Islas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en la sesión de control de hoy en el Parlamento, responderá a diversas preguntas sobre las consecuencias de la reducción de 800 millones de euros de los fondos estatales para este año.

Un debate que precede a la reunión que mantendrá, mañana miércoles, con su Consejo Asesor y la posterior comunicación gubernamental que, al respecto, votará el Legislativo.

Con respecto a la necesidad de que el Ejecutivo regional deba proceder con algunas modificaciones tributarias para compensar la reducción de los fondos estatales y mantener los servicios esenciales, Fernando Redondo precisó que, en los presupuestos estatales, el Gobierno de Rajoy ha tomado dos decisiones, como son el mantenimiento de las transferencias a las administraciones territoriales y la “supresión o reducción” de la financiación de las competencias del Estado.

Lo preocupante de esta segunda decisión, continuó, es que afecta a “tres epígrafes fundamentales” para la economía canaria. Se refirió a los fondos que permiten la accesibilidad exterior (ayuda al transporte y tasas aeroportuarias, entre otras), los que se invierten en actividades de renovación turística y educativa, entre las principales, y los relacionados con las energías alternativas. Ante este escenario, en opinión del presidentes del CES, el Ejecutivo canario tiene el reto de decidir si prestará las competencias estatales que Madrid ha dejado de financiar porque los epígrafes anteriormente citados son “fundamentales” para que Canarias “pueda dar un cambio en su estructura” productiva.

Cuestionado si considera que se impone entonces la subida de los impuestos, respondió, que “ahora mismo, tal y como estamos,” el Archipiélago es de las autonomías “menos” endeudadas. Según las previsiones barajadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en base a las autorizaciones concedidas por el Ministerio de Hacienda; el Gobierno regional podría llegar a obtener, como máximo, unos 200 millones de euros por la emisión de deuda.

Entre los escenarios tributarios a priorizar, Fernando Redondo coincidió con el secretario de Economía y Política sectorial de CC. OO., Carmelo Jorge, al aludir a que “queda margen” antes de subir los impuestos mediante la reducción de las exenciones fiscales.

Los beneficios fiscales recogidos en los presupuestos canarios en vigor alcanzan los 919,4 millones de euros. Redondo se refirió, en concreto, al de Sucesiones y Donaciones además del de Trasmisiones Patrimoniales.

Jorge agregó las subvenciones al transporte por carretera además de la revisión del tributo de Sociedades. A este respecto catalogó de “descaro” la acción de pasar rentas físicas como rentas de sociedades porque es una “bacanal”.

“De momento”, insistió Redondo, “no es necesario” que se suban los impuestos. Para Jorge, al Gobierno “no le queda más remedio” que subir los tributos “con independencia” de los recortes. Para CC.OO., el Ejecutivo estaba “esperando” a las cuentas estatales “para tener una coartada”.

Jorge defendió que “hay que retocar” el IGIC en una región con 12 millones de turistas. “Va a ser imprescindible”, tal y como advirtió.

[apunte]Comunicación del Ejecutivo al Parlamento

El Gobierno de Canarias pretende y obtendrá, salvo la oposición del Partido Popular (PP), el amparo del Parlamento autonómico para legitimar su ofensiva a los presupuestos estatales de Mariano Rajoy. Entre otras decisiones anunciadas ya, destaca la orden dada a sus servicios jurídicos para determinar las acciones a emprender ante la sospecha de que el proyecto de ley estatal del PP puede ser inconstitucional. Una vía que también han anunciado los ejecutivos de Catalunya y Andalucía.

Este amparo se traduce en una comunicación que, en un segundo pleno convocado para mañana miércoles, votará el Legislativo. El Ejecutivo propone que Canarias deje de pagar a Madrid el cupo por el extinto IGTE (213 millones, este año), se mantengan la financiación de los convenios (más de 220 millones) así como las subvenciones al transporte de mercancías y viajeros; se cumpla el REF en cuanto a la inversión media estatal y se eliminen los preceptos “injustos” del sistema de financiación autonómica. [/apunte]