El Ministerio de Hacienda tiene todos mis datos: domicilio fiscal, ingresos declarados, lugares de trabajo, correo electrónico, número de teléfono, etc. Y al menos dirección y teléfono los poseen también varios bancos y cajas; algunas firmas de seguros y comunicaciones; una docena larga de empresas periodísticas, agencias de viaje y compañías aéreas y marítimas; el Servicio Canario de Salud y Endesa; RTVE y RTVC; tres o cuatro ayuntamientos, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno autonómico, más el Ministerio del Interior que me renueva el DNI, el carné de conducir y el pasaporte. Hasta el INE me tiene controlado gracias a la periódica revisión de los censos electoral y poblacional, e incluso para que participe regularmente en encuestas. Por no citar a sociedades privadas, clubes y similares -nada oficial, desde luego- a los que pertenezco como socio, colaborador o que, sencillamente, me tienen por amigo. Pues bien, a pesar de tanta huella dejada por ahí y de tanto rastro detectable en la red -por fortuna no tengo antecedentes penales, ni he sido multado por la Guardia Civil o detenido por la Policía-, Papá Estado se manifiesta absolutamente incapaz, a estas alturas del siglo XXI, de determinar si figuro empadronado en mi lugar habitual de residencia. Y desde el primero de julio próximo, pretende pedirme el correspondiente certificado municipal cada vez que decida moverme para viajar entre islas o a la Península. Sin necesidad de violar la Ley de Protección de Datos, o Papá Estado es un perfecto inútil incapaz de, con un simple cruce de rastros comprobables, averiguar quién soy y dónde resido, o pretende hacerme la puñeta y molestarme por puro capricho. Me parece de perlas que trate de acabar con fraudes y abusos, y hasta que ordene intervenir a la Fiscalía para que reprima posibles delitos y engañifas. Lo que nunca debería hacer Papá Estado es colocar bajo sospecha y castigar a todos los ciudadanos canarios obligándonos a viajar con un certificado bajo el brazo. En la era de la informática y la electrónica, sería absurdo volver al pasado del papel, a la burocracia municipal engorrosa, injusta, vejatoria y aun cara, dada la necesidad de obtener mediante pago dicho certificado -vigente solo para seis meses y que puede compulsarse cuantas veces se desee para ese periodo-, y de hacerlo, en algunos casos, de manera presencial. ¿Es que el DNI lo renuevan sin dar por sentado que vive uno donde dice vivir, es decir, donde figura empadronado? ¿Acaso no tiene Papá Estado fórmulas rápidas y eficientes para acreditar sin papel añadido la residencia de cualquier canario que desee beneficiarme del 50% del precio del billete?