GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz
Fue la primera universidad popular de Canarias y una de las primeras del Estado español. Creada en 1982, la Universidad Popular Francisco Afonso, de Puerto de la Cruz, lleva 30 años de vida ofreciendo educación básica de adultos, idiomas, informática, además folclore, joyería, pintura y cerámica, entre otras actividades complementarias.
Sin embargo, las pérdidas que ostenta el Organismo Autónomo Local (OAL) que gestiona esta institución y la Escuela de Música Municipal, obligan a replantearse su funcionamiento y oferta, “de acuerdo a las nuevas demandas de los usuarios”. Así lo aseguró la concejal de Hacienda, Sandra Rodríguez, cuando presentó, hace dos semanas, el plan de ajuste del Ayuntamiento, al ser consultada sobre la situación del citado organismo.
“La Universidad Popular debe reinventarse, porque su objetivo inicial era lógico, entendible y loable, pero hoy no se puede seguir en esa postura”, declaró. Rodríguez, que no especificó las cifras que maneja el centro ni a cuánto ascienden las pérdidas, subrayó que la prioridad “es conseguir que se autofinancie o, al menos, que la aportación municipal sea la menor posible”. La concejal tampoco se refirió al posible cierre, un rumor que circula desde hace tiempo por las calles de la ciudad turística. Y aunque reinventarse no significa, necesariamente, dejar morir, lo cierto es que el Gobierno municipal y los responsables del centro no se encargan de clarificar el incierto futuro de la institución. Prueba de ello han sido las ocasiones que este periódico ha intentado ponerse en contacto con ambos para que expliquen la actual situación.
Los tres grupos políticos de la oposición coinciden en que la Universidad Popular cumple una función, la de ofertar enseñanza no reglada y, por lo tanto, debe servir para dar formación alternativa. Pero también, en que la oferta debe variar dado que en los últimos años “está bastante alejada” de la necesidad de los usuarios. Caso contrario, resulta inviable, como demuestran algunas clases que tienen un número muy reducido de alumnos.
El viceportavoz de los socialistas, Guillermo Pérez Pastor, considera que “la gestión de los últimos años no es motivo suficiente para cerrarla. Hay muchas personas que no tienen trabajo y que necesitan reciclarse, incluso, empleados de la Administración local. Eso se podría hacer a través de convenios para que reciban formación allí”.
El edil del PSC-PSOE es partidario de que la institución se autofinancie pero cree necesario advertir un futuro. Para ello, dice, hay que plantearse los motivos por los cuales el OAL genera déficit, “si es por falta de gestión o por falta de ideas”.
El representante de Izquierda Unida Canaria (IUC), Jonás González, va más allá y opina que en primer lugar hay que elaborar “un estudio real” para ver que los gastos a los que alude el Ejecutivo municipal de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) se corresponden con los de esta institución, “porque en el edificio hay personal de otros organismos y concejalías y quizás no sean tan altos”.
El edil admite que debe haber un reajuste de la oferta académica que permita aumentar los ingresos del centro. En cualquier caso, subraya que no hay que olvidar que la Universidad “cumple una función social”, que es la de “permitir la formación a los sectores más desfavorecidos que, de otra manera, no tendrían oportunidad de recibirla”. Por eso, sostiene que también hay que valorar este aspecto “y no sólo su coste económico”.
En la misma línea se expresa el portavoz de Vecinos por el Puerto (VxP), Jaime Coello, para quien “la administración pública no es una empresa y por lo tanto, no se puede medir todo en términos de rentabilidad”, pese a que aclara que el monto de las pérdidas “debe ser razonable para que no comprometan la existencia de la propia institución”.
No obstante, indica que la situación del centro académico “no es nueva, sino que ha estallado ahora por el estado en el que se encuentran las arcas municipales, pero nadie ha querido sentarse a solucionarlo”. Por eso, apunta que CC-PP “tiene que ser muy transparente sobre la situación económica del centro y no ocultar información a los ciudadanos”. Una claridad que, a su juicio, “ahora mismo no existe”.