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Sanidad: recorte o reforma

INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife

El gasto sanitario en España es un 22% menos en comparación con los países europeos, según datos de 2009 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, tiene uno de los sistemas más eficientes; ocupa el séptimo lugar en el mundo, y todo ello con la mayoría de prestaciones gratuitas, una sólida Atención Primaria y un sistema público no basado en el reembolso.

La crisis económica mundial, al igual que en otros países, ha provocado en el Estado español que este sistema público universal sanitario se tambalee y que la población, a su vez, vea peligrar sus derechos. Esta incertidumbre se refleja en el último informe sobre percepción de los problemas actuales de España. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro de marzo, refleja cómo la Sanidad es ya uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Esta inquietud se sitúa casi en el doble desde el comienzo de la crisis económica, en 2008, y ha pasado en valores porcentuales de 4,6 puntos en marzo de ese año a 9,3 en el mismo mes de 2012.

En el incesante goteo de “ajustes” y anuncios de posibles “recortes” en las autonomías debido a las dificultades para financiar la sanidad pública, algunos sectores, al igual que el propio Gobierno del PP, ven solo reformas necesarias. Otros, por el contrario, como la oposición política, los sindicatos y las asociaciones de familiares y enfermos ven claros recortes en las prestaciones o contrarreforma en la sanidad, al ser medidas que podrían restar derechos constitucionales. Como consecuencia, estos últimos atisban la paulatina desaparición del sistema público de salud basado en los principios de universalidad y equidad. Si bien en algunos de esos sectores se advierte como un objetivo orquestado.

La equidad es uno de los principios básicos del sistema público de España y se refiere a la prestación de servicios de una forma igualitaria, con independencia del lugar geográfico, del género, del nivel de renta o de la edad. El debate se centra en si las “reformas” a las que alude el Gobierno respetan estos principios subyacentes. En este sentido, en Canarias, el propio consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier Ortiz destacó, en recientes declaraciones, que las Islas, además de situarse entre las comunidades autónomas con menor dotación en el ámbito de la inversión, es la peor posicionada de España por habitante en el sistema de financiación autonómica. Los recursos canarios, dijo, se dirigen, principalmente, a sufragar los servicios públicos esenciales. Lo que se traduce en una merma de 600 millones de euros al año.

El Consejo Interterritorial de Salud celebrado el pasado miércoles, con representación de todas las comunidades autónomas, aprobó una de las medidas más impopulares tomadas por el Gobierno del PP: el copago farmacéutico. Con él, se pretende ahorrar 7.000 millones de euros aumentando del 40 al 50% la cantidad a sufragar por el ciudadano sobre el precio del medicamento con receta. En el caso de los pensionistas, pagarán un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 o 18 euros al mes en función de su pensión.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza acudió a este encuentro convencida de trasladar un “no” rotundo al copago por ser “socialmente injusto”, y así lo reflejó en la reunión presidida por la ministra de Sanidad, Ana Mato. Otras comunidades que se descolgaron de la decisión fueron Cataluña, en donde ya se aplica otro tipo de copago: el sanitario; Euskadi y Andalucía.

Ilustración: SUJA'12

Está por ver qué decidirá finalmente el Ejecutivo regional respecto al copago. Cabe recordar que el presidente de Canarias, Paulino Rivero, durante el periodo de campaña electoral se pronunció a favor de algunas reformas y que Ana Oramas, diputada por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso, negó absolutamente que su partido estuviera a favor de ampliar los copagos. Ya el consejero de Educación, con los recortes que afectan a su área, se mostró contrario a aplicar las medidas del Gobierno estatal en Canarias. Ahora, Brígida Mendoza tendrá que inclinarse en uno u otro sentido. La necesidad del Ejecutivo central de ahorrar 10.000 millones de euros afecta de pleno a las autonomías. Estas medidas son percibidas por algunos como tijeretazos que se ceban con la población más desfavorecida como es el caso de pensionistas, desempleados y enfermos crónicos o de larga duración. Otro ejemplo es la decisión también tomada por el Gobierno del Estado de invertir cero euros en la Ley de Dependencia. El pasado año ya se produjo un recorte en esta prestación, que finalmente asumió el Gobierno canario. Ahora, el Ejecutivo central ha sacado un Real Decreto en el que no se permite el acogimiento a la citada Ley durante este año, que afectará a 2.500 personas dependientes.

En Canarias, un 40% del presupuesto total se reserva a la sanidad. No obstante, la inversión del Estado supone casi unos 600 millones de euros al año menos, respecto de otras regiones. De hecho, según llegaron a reconocer todos los partidos políticos de las Islas, no así el Gobierno central, en el Archipiélago existe un déficit de financiación que se estima en más de 1.400 millones de euros, producido entre 2002 y 2009 y atribuido al sistema de financiación vigente, regulado por la Ley 21/2001 de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. A pesar de las tentativas para la modificación de la citada ley, éstas no han dado resultados hasta el momento, por falta de consenso.

El déficit está motivado principalmente por la no actualización de los datos demográficos de las Islas. La población en Canarias aumentó entre los años 2002 y 2011 en 283.014 habitantes. Asimismo, la deuda del Archipiélago por la actividad sanitaria ofrecida a la población flotante ascendió a 32,2 millones de euros entre 2002 y 2007. En Canarias, de cada 100 euros se destinan 67 a los servicios básicos y, en la actualidad, las políticas de ajuste solo van a permitir que se destinen 60 de los 100. Una de las causas es el cumplimiento de las políticas financieras que impone la Unión Europea (UE).

En los últimos años, Canarias ha sido consciente de esta situación y, por ello, desde todos los partidos políticos se ha impulsado el pacto social y político por la sostenibilidad del sistema sanitario en el conjunto del Estado. Fue la exconsejera María del Mar Julios quien abordó por primera vez esta necesidad en una conferencia en el seno de los Encuentros de la Fundación Bamberg, prestigiosa institución dedicada al impulso de los clusters de salud. Hoy por hoy, el Archipiélago es la única comunidad autónoma en donde se elaboró dicho plan, en el año 2006. Julios ahondó en su momento en que el Pacto Social por la Sanidad del Estado debe ser tanto político como social y contar con la implicación de todos los partidos para evitar baches en el camino, así como con la participación de los agentes sociales del Sistema Sanitario. No obstante, desde la constitución de este pacto en Canarias no se ha avanzado en la consecución de los resultados propuestos.

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Solución a través de impuestos

Según Arturo Borges, portavoz del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública, la solución en el contexto financiero para la sanidad pública apunta directamente a los impuestos. “Las regiones pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad”. Canarias es, con un 28,7%, la segunda comunidad con mayor tasa de dinero negro en el Estado español, que registra un promedio del 23% de fraude fiscal frente al 13% de la UE. Otros ingresos podrían ser la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o los impuestos finalistas como el céntimo sanitario de los combustibles, así como los impuestos del tabaco, del alcohol y del juego. Román Rodríguez, portavoz de NC en el Parlamento canario, apoyó esta idea en el debate de la Iniciativa Legislativa Popular por la Sanidad Canaria, presentada el pasado mes. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista canario, Dolores Padrón, también apoyó esta misma línea.

Ahorro sanitario en Canarias

Desde hace algunos años, el Gobierno Canario, a través de la Consejería de Sanidad, está abordando el problema de la sostenibilidad del sistema. A la par que se aprobaban medidas desde el Estado, como la reducción en un 5% del salario de los profesionales sanitarios, se ponían en marcha otras que han sido defendidas por la Consejería e implantadas, pero que se han visto desde la ciudadanía como una merma en la calidad asistencial. El cierre de plantas de hospitalización en verano y la supresión de la actividad quirúrgica en horario vespertino en algunos hospitales del Archipiélago con el fin, explican, de optimizar el turno de la mañana, son algunas de ellas. Asimismo, se ha aumentado la jornada laboral de los funcionarios en dos horas semanales. Estas medidas, según han apuntado los sindicatos, han llevado a una situación caótica a los hospitales, con especial hincapié en los servicios de urgencias. Muchos, sin embargo, dudan de la eficacia de estas medidas.

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