sin atajos >

Semana Santa y Administración Pública > Ángel Llanos Castro

La Constitución Española (aprobada en 1978 por el 95% de los votos tras participar el 78% del censo), aplica a los derechos y libertades recogidos en los artículos 14 a 29 el máximo nivel de protección al considerarlos esenciales, exigiéndose para su modificación un complejo proceso: aprobación por 2/3 del Congreso, disolución de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cortes, nueva aprobación por 2/3 de las Cortes electas y, finalmente, referéndum vinculante entre la población. El artículo 16 establece que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, algo que se confunde a posta con un inexistente carácter laico del Estado. Los constituyentes, en el lugar del texto fundamental con más garantías y en una Constitución aprobada casi por unanimidad, establecieron en dicho artículo la obligatoriedad de que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y les obligó (es decir, los españoles obligaron a los gobernantes) a cooperar, específicamente, con la Iglesia Católica.

Por eso, en la Semana más importante para los católicos, dedicada a perdonar y a pedir perdón, las Administraciones Públicas se vuelcan en la conmemoración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Así ha hecho el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que, por primera vez en décadas (hasta ahora era una función relegada al concejal de Relaciones Institucionales), presentó personalmente el programa de la Semana Santa chicharrera, caracterizada por el recogimiento, la sobriedad y la interiorización de la Fe. El mandato constitucional (democráticamente aprobado por todos), se materializa estos días en la declaración como no laborable del Jueves y Viernes Santo, en el carácter no lectivo de la semana completa para los alumnos de todos los niveles de la enseñanza, el cierre de las calles para los recorridos de las procesiones, la contribución económica para la difusión de las celebraciones religiosas (La Laguna, incluso, anuncia su Semana Santa en vallas publicitarias), completando esa colaboración pública con el refuerzo de servicios públicos tales como limpieza, seguridad o protección civil, ante las multitudinarias expresiones de Fe que se materializan en las vías públicas de las ciudades.

Una amplia colaboración que los dirigentes públicos, crean o no en Dios, están obligados a hacer no sólo porque con ello demuestran respeto a las creencias de la mayoría de los contribuyentes (el 75% de los españoles se declara católico), sino porque, además, así lo manda la Constitución Española. Y para cambiarlo, hay que disolver las Cortes, aprobar la modificación dos veces en el Congreso y convocar un referéndum.

*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz