El conflicto protagonizado en todas las Islas por los profesionales del transporte discrecional -camiones, guaguas y furgones- ha permitido conocer los porqués de una protesta legítima, pacífica y escasamente invasiva, salvo las primeras horas del jueves, de la tradicional normalidad en el desarrollo del tráfico rodado. Este importante sector económico, que supone el 11% del PIB canario y reúne a más de 40.000 autónomos y pequeños empresarios, viene sufriendo desde hace años una situación de dificultad que nace de la recesión económica, sobre todo en la construcción, la constante subida del precio de los carburantes, la obligación de llevar el tacógrafo (dispositivo que, entre otras cosas, registra la velocidad, los kilómetros recorridos y las detenciones de cualquier vehículo de carga o pasajeros, con los tiempos de conducción y descanso), la progresión del intrusismo y la inseguridad en el transporte escolar al concluir el presente curso académico, tras el vencimiento de los correspondientes contratos. Como en otras esferas de actividad en las que los carburantes tienen una grave incidencia -la desalación de agua o la producción de electricidad-, cada palo debe aguantar su vela; son los riesgos de cualquier negocio, más aún en este caso, ya que desde 2008 los transportistas se benefician, con unos siete millones de euros al año, de los precios del combustible profesional, que acapara casi el 30% del consumo. El Gobierno no puede garantizar a ninguna actividad privada, tal y como demandan los transportistas, que no les afecte una eventual subida del impuesto sobre carburantes; cosa distinta es el mantenimiento de las ayudas y bonificaciones fiscales sectoriales o la garantía de continuidad del servicio escolar tras las renovaciones de flota y la compra de nuevas guaguas, que suponen cuantiosos desembolsos y endeudamientos. Sobre el tacógrafo no existe unanimidad; según la doctrina comunitaria, un territorio insular, con distancias muy cortas e imposibles rigideces horarias, debería quedar exento de su utilización; pese a ello, el Gobierno español decidió lo contrario, pensando en la necesidad de controles legales sobre la actividad profesional del transporte. La supresión del tacógrafo y su sustitución por otro tipo de fiscalización del vehículo estaba en marcha al cesar el anterior Gobierno; ahora se trata de que el actual culmine esa tarea o, en todo caso, arbitre fórmulas más apropiadas al territorio insular, sobre todo para evitar las cuantiosas multas -cuatro millones de euros en 2011- que sufren los transportistas. El Ministerio de Fomento y el Gobierno canario tienen la última palabra, aunque hay peticiones inatendibles.