DOMINGO NEGRÍN MORENO | Las Palmas de Gran Canaria

La Unión General de Trabajadores (UGT) dio ayer un golpe sobre la mesa y anunció que las medidas de ajuste aprobadas el sábado por el Consejo de Gobierno tendrán una “contestación sindical unitaria”.

Durante el Comité Regional extraordinario celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, expresó su “desconcierto” ante unas decisiones que “se salen de lo que se había hablado” en las últimas reuniones del Consejo Asesor del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. “El otro día no se dijo nada de que el descuento salarial del 5% [anual] en el ámbito de los empleados públicos sería extensibles a todas las corporaciones locales y al personal docente tanto de las universidades públicas como de los centros concertados”, denunció Santana en una posterior rueda de prensa junto al líder de la UGT, Cándido Méndez. El máximo órgano entre congresos sacó adelante una resolución de urgencia en la que subraya que el Ejecutivo autonómico demuestra “su escasa imaginación para gestionar esta situación de emergencia social” y añade que “da otra vuelta de tuerca”.

Aunque la UGT ha venido abogando por una subida de impuestos y por la recuperación de otros para “intentar equilibrar el déficit derivado de los presupuestos generales del Estado, Santana recriminó a los gobernantes por aumentar la presión fiscal en el tramo autonómico del IRPF (la renta de las personas físicas) de los 53.000 euros. “Nos parece que roza el límite de muchísimas familias que ya están sufriendo la carga de los ajustes”, manifestó. Del mismo modo, UGT considera “desproporcionado” que se graven todos los tipos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). “Si los índices de confianza en el consumo han descendido un 10%, mucho nos tememos que va a ser peor el remedio que la enfermedad”, aseveró Gustavo Santana.

El segundo sindicato del Archipiélago por número de representantes reafirmó su defensa de la concertación como factor clave para apuntalar el Estado de bienestar, pero exigió “lealtad” a sus interlocutores.
Méndez reclamó “un marco en el que los esfuerzos y los sacrificios sean más equitativos”.

Ambos dirigentes de la UGT entregaron el mencionado documento a Paulino Rivero y a la consejera de Empleo, Margarita Ramos.