Una abogada pide a Sanidad un banco de ADN para identificar familias de niños robados en Canarias

La abogada tinerfeña Natalia Domínguez ha presentado doce denuncias relacionadas con casos de niños presuntamente robados en Canarias. | EFE

EFE | Santa Cruz

La abogada Natalia Domínguez, que ha presentado doce denuncias relacionadas con casos de niños presuntamente robados en Canarias, pedirá el jueves al Ministerio de Sanidad que cree un banco de ADN centralizado para facilitar la identificación de familiares en todo el país.

Natalia Domínguez afirma en una entrevista a Efe que formulará esta demanda en una reunión prevista para el 12 de abril en Madrid entre letrados involucrados en esta causa, representantes de los ministerios de Justicia, Sanidad e Interior y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

La letrada tinerfeña no entiende cómo aún no se ha establecido un banco nacional de ADN con este objetivo porque no es caro, subraya, ya que las clínicas privadas realizan pruebas genéticas por el “irrisorio” precio de 80 euros, y la Administración central podría conseguir un coste inferior, así que “no hay razones presupuestarias” que impidan su creación.

Domínguez precisa que no se están pidiendo indemnizaciones ni responsabilidades patrimoniales pues los afectados “lo que reclaman es justicia y que se encuentren a su familiares, además de que se apliquen los mecanismos de búsqueda por parte del Estado que, si bien no es culpable, es responsable”.

“Ojalá se pudiera abrir juicio porque los culpables deberían ser condenados por el daño tan grande que se ha hecho y que perdura en el tiempo”, explica también la abogada, pero lo prioritario, insiste, es “auxilio judicial para terminar de encajar todas las piezas del puzzle”.

Natalia Domínguez ha presentado diez denuncias relacionadas con este asunto en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha abierto diligencias al respecto, algo que considera “importantísimo” y subraya que le consta que la fiscal jefe, Carmen Almendral, está trabajando en la causa, lo que es “muy positivo”.

También ha presentado otras dos denuncias en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la abogada, “con respeto”, critica que en dicha provincia se están archivando las denuncias “en el plazo de un mes, casi sobre la marcha”.

De esta forma lo que se consigue es “desmotivar y crear falta de confianza” en la justicia ya que, comenta, en uno de los casos se trataba de una madre de 60 años que llevaba toda su vida buscando al hijo “que sabe que le robaron”, y que vio cómo su denuncia fue archivada al mes de presentarla.

Apunta la letrada que de las denuncias que ha presentado hay dos “muy bien atadas documentalmente” por cuanto se han realizado ya las pruebas de ADN entre los familiares y revelan una coincidencia genética del “99,90” por ciento.
Además las pruebas se realizaron en 2008 con lo que no ha prescrito la causa, que es otro de los obstáculos que se encuentran a la hora de investigar estas denuncias.

En estos dos casos en concreto las familias ya se han encontrado y uno corresponde a una madre tinerfeña que localizó a su hijo en el País Vasco y otro a un hombre que realizó también en la Península una búsqueda “exhaustiva, impresionante y costosa” de sus tres hermanos, uno de ellos ya fallecido.

Todos ellos habían sido dados en custodia a la Casa Cuna de la capital tinerfeña, detalla la abogada Natalia Domínguez, quien señala que se han encontrado pruebas de que hubo épocas en que algunas de las monjas de la citada institución salían con bebés y los subían a barcos atracados en el muelle con destino a la Península o Sudamérica.

En los casos investigados por la abogada el “tráfico” de niños se produjo entre 1946 y 1994, este último en una clínica privada de Santa Cruz de Tenerife.

Domínguez indica que esta práctica comenzó “con un matiz ideológico clarísimo”, el de la “limpieza” republicana que practicó el franquismo, y continuó con la llegada de la democracia porque había gente que se lucraba “con la compraventa” de niños.

En ocasiones esto se hacía dando al bebé por muerto cuando la madre biológica daba a luz, por lo que se realizaba una supuesta falsificación de documentos como el certificado de defunción.

En otros casos se dejaba a bebés presuntamente abandonados en el torno de la Casa Cuna después de las diez de la noche y la abogada subraya que se insistía en la situación de abandono de los niños pese a que las madres iban a verlos todas las semanas.

Normalmente se seleccionaba a bebés procedentes de familias de ideología “sospechosamente” republicana y generalmente pobres, que es uno de los argumentos utilizados para justificar el que fuesen arrebatados de su familias como “una obra de caridad”.

Sin embargo, Natalia Domínguez conoce el caso de una niña tinerfeña que fue llevada a Alicante para ser utilizada como servicio doméstico de la familia.

La abogada anima a posibles afectados a seguir adelante y “quitar el pesimismo” pese al “cúmulo de trabas” que se deben afrontar, no no sólo por el paso del tiempo, sino por la falsificación y manipulación de documentos, la negativa a abrir fosas comunes para hacer estudios forenses e incluso la ley de Protección de Datos, que “hace mucho daño” porque no se pueden consultar al detalle registros y archivos.