D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife
La empresa Seguridad Integral Canaria reclama 30 millones de euros a las distintas administraciones públicas por las deudas contraídas desde hace más de un año. Así lo informó ayer el presidente de esta sociedad mercantil y de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. “Tenemos un alto porcentaje de facturas sin cobrar”, resumió. “Ese desfase lo ha ido soportando el accionariado de la compañía en un momento de grandes dificultades económicas”, se lamentó.
El 50% de la facturación de Seguridad Integral es pública, detalló Ramírez. Sin embargo, puntualizó, “el 20% procede de la Administración General del Estado”.
En este escenario de crisis, la empresa se ha acogido “escrupulosamente” a la reforma laboral para “seguir siendo competitivos”. El convenio colectivo presentado por la dirección de Seguridad Integral Canaria “ha sido aceptado por los trabajadores de todas las islas excepto por 300 [de los alrededor de 360] de Tenerife”. La plantilla la forman unos 2.000 empleados.
Seguridad Integral Canaria
Precisamente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) solicita a las administraciones públicas que revisen las adjudicaciones a Seguridad Integral por “incumplimiento del convenio de los trabajadores”.
El responsable del sector de seguridad de CSI.F en Canarias, Gustavo Villalobos, explicó que los delegados en el comité de Tenerife se han negado a firmar “una pérdida de derechos y unos recortes salariales injustificados”. Ese malestar se deriva de “una bajada unilateral de salarios y de un aumento de las horas laborales”. En concreto, Villalobos se refirió al cómputo de 184 horas semanales, “22 más de las que establece el convenio colectivo de seguridad privada”, y la “supresión de otros conceptos salariales”.
En su descargo, Miguel Ángel Ramírez destacó que “la empresa reparte el 15% de los beneficios entre los trabajadores a cambio de productividad”. Eso supone, resaltó, “de 2.000 a 3.000 euros extras al año”. Lo que se está haciendo, “dentro de la ley”, es, enfatizó Ramírez, “incrementar las horas para no mermar el sueldo”.