DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Alrededor de 400 puestos de trabajo de los más de 2.100 que suman las 16 empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias corren peligro con los planes de viabilidad ordenados por el Gobierno regional.

El mandato persigue el objetivo de reducir, como mínimo, el 15% de los gastos estructurales en el global de estas sociedades mercantiles. Con ello, el Ejecutivo de Paulino Rivero pretende ahorrar este año, al menos, 20 millones de euros (son 100 millones hasta 2014). La disminución del endeudamiento está calculada en 40 millones de euros.

La iniciativa para “racionalizar” la actividad de las empresas incluye planes específicos para cada una de ellas, con medidas de “redimensionamiento, de disminución de costes y de nivel de servicios, de aumentos de tarifas y precios a usuarios privados y de carácter patrimonial o financiera”, entre otras.

Pero lo que más les preocupa a los sindicatos es la estabilidad laboral. De hecho, la política de austeridad afecta es el ajuste en las condiciones de trabajo, tendentes a la armonización laboral y al aumento de la productividad.

“La defensa del servicio público y del empleo son los ejes en los que vamos a fundamentar nuestra negociación”, ha explicado el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, Juan Miguel Suárez. “Intentaremos que los ajustes repercutan lo menos posible en el empleo y que no se desvirtúe el papel que desempeñan estas empresas”.

Los planes deberán contener previsión de estados financieros para los ejercicios 2012-14, en los que se detallarán la estimación de ingresos derivados de aportaciones procedentes de la Administración autonómica o de otras fuentes tanto públicas como privadas. Recogerán, asimismo, “los indicadores de financiación y de otra índole precisos para verificar su cumplimiento, además de los plazos de realización”.

En el caso de disolución o enajenación de la participación en el capital social, la idea era que se aprobara antes del pasado 31 de marzo un programa de disolución y liquidación. El incumplimiento de lo dispuesto el 10 de febrero por el Consejo de Gobierno conlleva penalizaciones. En este sentido, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, queda facultado para “retener las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza dirigida a las sociedades, proponer la destitución de los administradores y de los directivos, no tramitar operaciones de endeudamiento, adoptar sistemas de control o fiscalización previa de todas las actuaciones de la sociedad y, en definitiva, impedir que la entidad en cuestión comprometa el déficit público”.

Este mes de abril es decisivo para conocer el futuro de las empresas. Algunas pondrán en marcha, la próxima semana, sus planes de ajuste. Al finalizar este proceso, Gesplan y Visocan quedarán como dos piezas estratégicas en el engranaje. Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) también serán fundamentales. Esta última “ya ha elaborado su plan de viabilidad”, concretó Suárez. En las demás hay pendientes reuniones con los respectivos comités de empresa. “Hay unas que van camino del cierre y otras que hacen duplicidad de funciones”, resaltó.

El dirigente de CC.OO. puso el grito en el cielo ante la postura de los colegios profesionales: “Me parece absurdo que se quejen de competencia desleal cuando estamos en el mismo mercado. Lo que quieren es que las empresas públicas les saquen las castañas del fuego. Y eso no puede ser”. Si acaso, remachó, habría que redifinir sus cometidos.

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La radiografía

Gesplan. Los directivos de la sociedad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental proponen 25 despidos y una reducción del salario. Según los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, esta empresa pública da empleo a 443 personas (151 fijos y 192 eventuales). A su gerente le asignan 74.425,10 euros al año en concepto de salario, una cifra que es más de lo que cuesta el presidente del Gobierno canario (70.792,46).

Visocan. La plantilla de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias es de 77 empleados (70 fijos y siete eventuales). Sus tres directivos cuestan más que el presidente, incluso el gerente percibe menos que los otros dos. Entre 2008 y el 31 de marzo de 2011, la empresa acumuló unas pérdidas de 1,8 millones de euros por las operaciones de permuta financiera.

ITC. El Instituto Tecnológico de Canarias emplea a 214 personas (176 fijos y 38 eventuales). Sus cinco directivos cobran más que el presidente: el gerente cuesta menos que los otros tres. El ITC fue creado para ofrecer servicios a las empresas canarias e impulsar el desarrollo tecnológico de las Islas.

Salud y Seguridad. Esta sociedad mercantil tiene 276 trabajadores (271 fijos y 5 eventuales). Es otra de las empresas públicas canarias cuyos directivos (7) les cuestan más a los contribuyentes que el jefe del Ejecutivo. Realiza actividades como urgencias, transporte sanitario, coordinación de emergencias, formación para la salud y la seguridad pública, gestión económica y la recaudación sanitaria.

Cartografía de Canarias. Cuenta con 58 trabajadores (uno de ellos, eventual). Su gerente cuesta 75.208,72 euros (sin descontar la seguridad social), más que el presidente. Esta empresa es responsable de las actividades de planificación, producción, explotación, difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias conforme a las políticas oficiales.

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Prórroga para el convenio de Grecasa

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó, el lunes 2 de abril, la prórroga por otros dos años del convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (Grecasa), para la práctica de notificaciones, que fue suscrito el 1 de abril de 2010. Conforme a lo previsto en la ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la ampliación se ejecuta por “razones de interés público, oportunidad y conveniencia”. Las gestiones de los servicios que se encomiendan no tendrán incremento económico sobre la cuantía total señalada en el documento original.

El concierto establece que Grecasa percibiría el 15% de la recaudación efectuada, que fue modificada por resolución de 11 de febrero de 2010 para dejarlo en un 13%. “Si recaudan 300 millones, la empresa se embolsa 39”, según las cuentas de la Central Independiente y de Funcionarios (CSI.F). Esta sociedad anónima se encarga de las “actuaciones materiales integrantes del procedimiento de apremio, bajo las directrices de los servicios de recaudación”. Así, Grecasa recibirá 1,61 euros por cada comunicación ordinaria. Para dar por finalizado un encargo se requiere más de un intento, por lo que Gestión Recaudatoria de Canarias ingresará 6,96 euros en concepto de contraprestación económica. La tarifa de la empresa estatal Correos es 3,42 euros más barata.