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¿Vuelve el TOP? > Francisco Pomares

La crisis económica que todo lo ocupa, el miedo a perder el trabajo, no poder pagar la hipoteca o la quiebra de la seguridad consecuencia de la extensión de la pobreza y la desesperanza, puede acabar por insensibilizarnos. Leo en el periódico de ayer que los ministros de Justicia e Interior -el camaleónico Ruiz- Gallardón y el catalán Fernández- se han puesto de acuerdo para plantear una nueva reforma parcial del Código Penal, con la intención de introducir en nuestro ordenamiento penal que se considere el convocar a una manifestación o una reunión como delito equiparable al de pertenencia a organización criminal. Como me cuesta creer lo que estoy leyendo, porque vivo en Europa, no en la Uganda de Idi Amín, sigo leyendo a ver qué es esto: la reforma pretende penalizar la convocatoria de aquellas manifestaciones, actos, protestas o reuniones que degeneren en acciones que alteren gravemente el orden público, produzcan rotura de mobiliario urbano o destrozos contra la propiedad. La pena por convocar -no estamos hablando de comportarse como un gamberro o un animal, solo de convocar- será de dos años, y los fiscales podrán pedir prisión provisional para los que hayan pedido a otros ciudadanos a través de cualquier medio, incluso internet o el móvil, asistir a manifestaciones o actividades de cualquier tipo que concluyan de forma violencia.

La verdad es que la interpretación del asunto es tan laxa que recuerda el principio de la condena disuasoria. Bien podría empurarse con dos años de prisión a quienes organicen un partido de fútbol que acabe con bofetadas entre los hinchas o un concierto en el que los asistentes se tiran botellas de cerveza a la cabeza. ¿Les parece una exageración? Puede. Pero también lo es convertir a alguien que anima por internet a sus colegas a asistir a una concentración del 11-M en responsable -responsable penal, además- de que la marcha acabe con unas papeleras quemadas.

Todo este asunto, absolutamente aberrante, ha pasado bastante desapercibido, a pesar de ser de extraordinaria gravedad. Mientras andamos ocupados en defender derechos sociales que nos quedan, el Gobierno pretende recortar también derechos cívicos esenciales para la pervivencia de la democracia, como el de convocar y asistir a actos reivindicativos. Meternos miedo -por la vía de sanciones penales- para que no protestemos. Pero en un país civilizado, nadie puede ser responsable de lo que no hace. No se puede encarcelar a alguien por los delitos que otros cometen. Colar en el Código Penal un diseño que equipara los actos vandálicos callejeros con el terrorismo, y la convocatoria de protestas con la guerrilla urbana, es hacernos retroceder a los tiempos de los Tribunales de Orden Público franquistas. Eso da más miedo que cuatro cristales rotos…